este mes la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero, le pidi al Estado colombiano que tome responsabilidad por los crmenes.
Grupos defensores de derechos humanos en Colombia denuncian que en los ltimos aos se produjo en ese pas el mayor nmero de asesinatos de lderes sociales y comunitarios de toda Amrica Latina y que la respuesta del Estado se limit a fortalecer aun ms la militarizacin de los territorios, pese al compromiso asumido en 2016 con el acuerdo de paz.
Con estadsticas difciles de elaborar debido a las caractersticas del conflicto, las cifras varan entre ms de 400 muertes (desde 2016 hasta 2020), segn Human Right Watch (HRW); ms de 700 segn la Defensora del Pueblo de Colombia, o ms de mil, segn el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Solo entre enero y febrero de 2021, ya fueron asesinados 73 lderes sociales y excombatientes en el pas latinoamericano.
En diciembre de 2020, el presidente Ivn Duque dijo que los asesinatos de lderes sociales no son un fenmeno de su Gobierno, sino que «viene de atrs y ms atrs» y que la gran mayora de ellos se vinculan a la narco-estructura de grupos paramilitares: 78% son responsabilidad de grupos como «Las Caparros» o «Los Pelusos».
Solo entre enero y febrero de 2021, ya fueron asesinados 73 lderes sociales y excombatientes en el pas latinoamericano”
Sin embargo, este mes la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero, le pidi al Estado colombiano que tome responsabilidad por los crmenes.
«Es aberrante que los defensores de los derechos humanos tengan que asumir tantos riesgos para avanzar en su causa, es aberrante que grupos armados diversos puedan amenazar y atentar contra la vida de los defensores en los territorios», sentenci De Rivero.
Durante la campaa que lo llev a ganar las elecciones presidenciales en junio de 2018, Duque ya haba expresado sus diferencias con los acuerdos de paz alcanzados dos aos antes entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla FARC, y haba dejado muy claro que los mismos sufriran variaciones, aunque sin romperlos.
Sin embargo, para Jimmy Moreno, vocero de la ONG colombiana Congreso de los Pueblos, «la escalada de esa violencia se hace ms notoria en el Gobierno de Duque» y record que, desde 2018, cuando el mandatario asumi el poder poltico, «hace un llamado a la guerra como mtodo para mantener su poltica de seguridad democrtica».
Mientras avanza el Gobierno de Duque, «profundiza sus diferencias con los Acuerdos de Paz y los firmados con el movimiento social, y en consecuencia aumenta la presencia militar y su plan de militarizacin y control de las zonas estratgicas, todo ello en funcin de dinamizar su poltica autoritaria y neoliberal», subray Moreno.
Esto escal el conflicto social y se incrementaron las movilizaciones, los paros, las protestas sociales en rechazo a lo que denunciaron como «terrorismo de Estado» e intentos de debilitar los acuerdos de paz.
Moreno lo ejemplific con la estrategia de las «Zonas Futuro» promulgada por el Gobierno en 2018, «con asesora del Comando Sur estadounidense», y que se concentra en cinco regiones colombianas: Pacifico nariense, Catatumbo, Bajo Cauca-Sur de Crdoba, Arauca, Chibiriquete y los parques nacionales naturales cercanos a estas zonas.
Esta poltica, explic, «es la continuacin de la seguridad democrtica del Gobierno de (lvaro) Uribe, su propsito es que los militares asumen el control territorial para proteger ‘las comunidades’ pero en el fondo la intencin es profundizar la guerra y tener el control de las riquezas y bienes naturales que all se concentran».
En estas zonas, que se caracterizan por las precarias condiciones de vida y escasos derechos para las comunidades, «hay una diversidad de actores armados en disputa, el narcotrfico y paramilitarismo, que promueven la violencia», agreg en una descripcin similar a la que hizo la ONU cuando denunci una «falta de presencia territorial del Estado» en las zonas ms violentas.
All «las fuerzas militares actan de manera brutal y las soluciones a temas como los cultivos de coca, marihuana y amapola son las fumigaciones» prosigui Moreno y destac que no se buscan alternativas agrcolas para fortalecer las economas locales y facilitar la transicin de cultivos.
«Los acuerdos firmados tanto en el proceso de paz como con las comunidades fueron incumplidos y desconocidos», sentenci y agreg: «Esta complejidad de los territorios y el riesgo permanente de las comunidades, nos llama a denunciar dentro y fuera del pas para visibilizar esa Colombia que est lejos de una paz que cada da hace trizas el Gobierno».
Para Moreno, el otro gran problema actual es la situacin de los desmovilizados, los firmantes del acuerdo de paz que «pasan por una situacin crtica debido al desconocimiento y el incumplimiento de lo acordado por parte del Gobierno colombiano.
Esto deja a los firmantes «en riesgo, ya que no se les ofrecen las mnimas condiciones de garantas para proteger su vida, integridad y los territorios donde se encuentran ubicados».
A fines del ao pasado, la tensin por los asesinatos y agresiones contra exguerrilleros desmovilizados creci tanto que el Gobierno choc pblicamente con la cpula del partido FARC, que acus a las autoridades de estar cometiendo un «genocidio» poltico contra sus ex filas.
«Lo que viene sucediendo es extremadamente grave, cada semana se registran entre uno o dos asesinatos en contra de nuestra colectividad, sin que el Estado reaccione de manera efectiva», denunci la senadora de ese partido Victoria Sandino y agreg que «es imposible que un suceso aleatorio se repita ms de 240 veces, 243 dira».
Segn un informe de la ONU de fin de ao, la seguridad de los excombatientes comprometidos con el proceso «sigue siendo el reto principal para la consolidacin de la paz firme y duradera».
Esta vez el Gobierno no contradijo a la ONU -en marzo de 2020 la ministra del Interior colombiana haba relativizado un duro informe de Naciones Unidas porque «mueren ms personas por robo de celulares» en el pas-, solo aclar que acta con «gran diligencia y compromiso y decisin ante quienes atacan a esta poblacin», segn el consejero presidencial para la Estabilizacin y la Consolidacin, Emilio Archila.
Pero el Gobierno no est pudiendo encontrar aliados en este tema ni adentro ni afuera de Colombia.
Para Moreno, la crtica situacin de los presos polticos y las precarias condiciones sociales, econmicas y polticas presentan un panorama muy difcil que, aunque debilita y corroe los acuerdos de paz, tambin llama ms que nunca a seguir exigiendo al Estado su cumplimiento y las garantas para la vida.