Se analiza el buen funcionamiento de la Corte Suprema
El Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, creado por el Gobierno nacional, se reunió en lo que iba a ser su último encuentro previo a la elaboración del informe que el miércoles debe elevar al Poder Ejecutivo pero la falta de definiciones sobre algunos temas centrales hizo que las últimas deliberaciones pasaran al martes.
Así lo confiaron a Télam fuentes de ese consejo, que indicaron que «el trabajo no se terminó» y que por ese motivo «se pasaron las deliberaciones finales» al martes, fecha límite que tiene el órgano para elevar sus recomendaciones al Poder Ejecutivo.
La reunión comenzó a las 11 como es costumbre cada martes y sábado, con el objetivo de concluir el dictamen con «propuestas y recomendaciones» que el miércoles presentará al Poder Ejecutivo, pero la falta de definiciones postergó la meta.
«No hubo definiciones concretas, así que de cara al martes, habrá que ver cuántos votos tiene cada dictamen», dijo otra de las fuentes, que precisó que de esa tarea se ocupará el secretario del consejo.
El miércoles, el Consejo de notables tendrá que tener listo su informe para elevar al presidente Alberto Fernández, que creó este órgano mediante decreto 635 de este año y le dio un plazo de 90 días para debatir, analizar y definir recomendaciones para fortalecer el Poder Judicial y el Ministerio Público.
El viernes, en una entrevista radial, el jefe de Estado se refirió a este informe y adelantó que no está «cerrado a nada» en cuanto a las propuestas, aunque aclaró que le «gustaría leer el informe antes de opinar» al ser consultado respecto a qué pensaba si le proponían elevar el número de miembros de la Corte.
El Presidente remarcó también que el informe y sus propuestas «no son vinculantes» y que no ha «interferido en nada» en esa comisión.
Así, el comité de expertos convocado por el Presidente a través de un decreto sigue analizando en tiempo de descuento las recomendaciones finales que incluirá en el informe para el buen funcionamiento de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura, Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa.
También el «sistema de juicios por jurados» y los «criterios para dar cumplimiento de la manera más eficaz al mandato constitucional» y el «modo de finalizar el proceso de transferencia de competencias en materia penal no federal a la Ciudad de Buenos Aires y la manera de reasignar funciones» al actual fuero Nacional en lo Criminal y Correccional porteño, tal como lo pidió el Poder Ejecutivo al crearlo.
El dictamen tendrá que ser adoptado por mayoría de la totalidad de sus miembros e incluirá, según corresponda, las disidencias y recomendaciones que cada integrante desee dejar planteadas.
De hecho, en la reunión del último martes se planteó una diferencia difícilmente reversible respecto a la cantidad de miembros que debe tener la Corte Suprema de Justicia.
Una fuente relató a esta agencia que en ese encuentro uno de los once integrantes del Consejo Consultivo expuso su propuesta de ampliar el número de miembros de la Corte Suprema de los 5 actuales a 9, pero su postura quedó en total soledad y no sumó ni un apoyo.
Es que, según otra fuente, «para varios de los miembros del Consejo la posibilidad de ampliación de la Corte es un asunto que ni siquiera debería ser abordado entre las conclusiones», y la prueba está dada en que en la reunión de hoy ni siquiera se trató, por lo que difícilmente se incluya en el informe final.
Si bien ya existen posicionamientos firmes sobre algunos de los asuntos principales, como el funcionamiento de la Procuración, del Consejo de la Magistratura o el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, hasta el martes próximo no se conocerá cuál es el grado de consenso que alcanzará cada tema al final de las deliberaciones, es decir el martes, lo que denota en lo que es la dinámica del órgano opiniones cambiantes y diversas.
Sobre los demás asuntos, todavía no hay precisiones sobre cuál alcanzará la unanimidad del cuerpo ni cual saldrá por simple mayoría, coincidieron las fuentes.
El informe que el miércoles eleven al Poder Ejecutivo tendrá carácter de «no vinculante» y será un conjunto de sugerencias respaldadas, algunas por mayorías o mayorías absolutas, e incluso por dictámenes de minorías.
Sobre lo que sí existe un acuerdo generalizado es en efectuar recomendaciones sobre mecanismos para garantizar la paridad de género en la justicia, el uso de la tecnología o la federalización y la democratización del Poder Judicial, precisó un vocero.
El llamado Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público está conformado por Claudia Beatriz Sbdar, Hilda Kogan, María del Carmen Battani, Marisa Herrera, Inés Weinberg de Roca, Carlos Alberto Beraldi, Andrés Gil Domínguez, Omar Palermo, Raúl Gustavo Ferreyra, León Arslanian y Enrique Bacigalupo.
Para tratar los cinco temas que componen su objeto de creación, el cuerpo mantuvo reuniones con integrantes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, de los colegios de abogados, de los ministerios públicos (Fiscalía y Defensa) de la Cámara de Casación, de organismos de Derechos Humanos y de organizaciones sociales como Fundejus (Fundación de Estudios para la Justicia), entre otras.
Algunos de la entidades que participaron de los encuentros efectuaron pedidos concretos a la comisión, como la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) que planteó la necesidad de limitar el tipo de causas que llegan desde cada jurisdicción a la Suprema Corte, entre otras solicitudes.
Fuente: https://www.telam.com.ar/notas/202011/535096-reforma-judicial-consejo-consultivo.html