El pedido de condena para los represores del Chaco | Alegato de la fiscalía en la causa Caballero III


La Fiscalía solicitó penas de entre 10 y 25 años de prisión para los ocho acusados de violaciones a los derechos humanos en el juicio de lesa humanidad que se lleva a cabo en el Chaco por secuestros, torturas, abusos y violaciones de una treintena de víctimas encerradas en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Brigada de Investigaciones de Resistencia, la Alcaidía policial de esa ciudad y la Unidad Penal  7 del Servicio Penitenciario Federal. Los alegatos del Ministerio Público estuvieron a cargo de los fiscales general Carlos Amad y ad hoc Diego Vigay, quienes desplegaron los argumentos ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia que sostiene las penas solicitadas para todos los acusados en la causa conocida como Caballero III/Brigada III, el tercer tramo de juzgamiento de crímenes en el centro clandestino de la Brigada de Investigaciones de Resistencia, el núcleo del terrorismo de Estado en el noreste argentino. Este debate oral cuenta con ocho represores en la lista de acusados: los militares retirados Tadeo Betolli y Luis Alberto Pateta, ambos oficiales de inteligencia del Ejército retirados; el ex comisario general José Rodríguez Valiente, el ex suboficial mayor Gabino Manader, el ex sargento José Marín y ex suboficial principal Jorge Ibarra, de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco; el ex oficial Francisco Álvarez, de la Alcaidía Policial; y el alcalde Pablo Casco, jefe de guardia de la Unidad Penal 7. Informó el Ministerio Público Fiscal que, durante la instrucción de la causa, fallecieron los acusados Ramón Meza, Albino Borda, Héctor Roldán y Enzo Breard.La Fiscalía consideró que la responsabilidad de todos ellos había sido probada durante el juicio oral y público y solicitó para todos penas de prisión efectiva. Para Rodríguez Valiente y Manader pidieron un encierro de 25 años; para Marín e Ibarra, 20 años; 18 años de cárcel para Betolli y Álvarez; 15 para Pateta y 10 Casco. Además, los representantes del MPF solicitaron la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos para todos los imputados.El fiscal Vigay insistió en que la sentencia deberá solicitar un pedido a los acusados para que digan lo que saben, sobre todo en relación con el destino de cuatro de las 33 víctimas tenidas en cuenta en el juicio, que aún permanecen desaparecidas –el matrimonio de Enzo Lauroni y Mónica Almiron; José Oviedo; y el conscripto Abel Arce, cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) que “cayeron” durante los últimos meses de 1977–. “Como MPF, más allá de la cuestión de la imputación del delito, entendemos que como reconstrucción de la verdad histórica sería importante que en la sentencia se mencionara que el último lugar donde las víctimas fueron vistas con vida fue en la Brigada de Investigaciones. También creemos que algunos de los imputados tienen información de cuál pudo haber sido el destino final. Sería muy importante que puedan darlo a conocer”, planteó. El fiscal Amad hizo hincapié en que los acusados eran “funcionarios públicos en ejercicio” al momento de secuestrar, toturar, abusar, desaparecer personas “en la vía pública”. “Aquí han pasado cosas terribles. Durante años una estructura criminal estatal procedió a privar ilegítimamente de la libertad a personas a las que ellos consideraban su enemigo. Estos señores, en su accionar criminal, formaban parte de un grupo de tareas. Tenían un poder usurpado y se creyeron con el derecho de privar ilegítimamente de la libertad a las personas”, concluyó. El debate comenzó el pasado 12 de abril y fue sumamente corto y expeditivo. Durante las cuatro audiencias que se llevaron a cabo declararon 35 testigos, tanto de manera presencial como de manera remota, que aportaron testimonios sobre los delitos de lesa humanidad sufridos por 33 víctimas entre 1974 y 1979. La causa comprende además un nuevo caso de violencia sexual, que será juzgado como crimen de lesa humanidad. Se trata del tercer juicio de lesa humanidad que se desarrolla sobre hechos que tuvieron lugar en la Brigada de Investigaciones y el séptimo por este tipo de delitos en la provincia del Chaco. El 30 de abril el Tribunal Oral Federal de Resistencia dará a conocer el veredicto.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/337544-el-pedido-de-condena-para-los-represores-del-chaco

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