En busca de los votos que faltan para aprobar la reforma del Ministerio Público Fiscal | El ministro Martín Soria explica a los diputados el alcance del proyecto que ya tiene media sanción del Senado


El ministro de Justicia, Martín Soria, apuesta a sumar apoyos a la reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal con algunas modificaciones al proyecto que ya obtuvo media sanción en el Senado en noviembre. Las está anunciando en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales de Diputados que se desarrolla desde las 18. Sin conocer la nueva propuesta, el interbloque de Juntos por el Cambio anunció que no asistirá a la reunión. Después de haber dialogado con la Asociación de Fiscales, la de Magistrados y con un grupo de fiscalas, Soria definió modificaciones que apuntan, ante todo, a obtener el respaldo de las entidades que han sido críticas de la propuesta del oficialismo. El nuevo texto mantiene la limitación del mandato del procurador/a (que hoy es vitalicio) a cinco años y su elección con mayoría absoluta del Senado (en lugar de los actuales dos tercios). Los retoques que impulsa el ministro atañen, en esencia, a dos de los temas cuestionados por las entidades: la conformacion del jurado de enjuiciamiento de fiscales/as y las facultades de la Comisión Bicameral de Ministerio Público Fiscal (MPF). En ambos casos la mayor objeción era que había margen para una injerencia fuerte del oficialismo de turno en estas decisiones. Es más, ante los diputados el ministro anticipó que el interinato del actual procurador no durará más de seis meses.
Hasta la asunción de Soria en el Ministerio de Justicia en la Cámara de Diputados no alcanzaban los votos en la Cámara de Diputados para la aprobación de la ley de MPF. Faltaban por lo menos ocho. El oficialismo no canta victoria ahora, pero ve con mayor optimsmo la posibilidad de conseguir los voluntades. Sergio Massa trabaja en las negociaciones, que incluyen retoques al proyecto que aprobó el Senado en 2020, con lo cual de ser aprobado volverá a la cámara alta y luego se abriría finalmente la posibildad de designar un procurador/a general definitivo. El actual jefe de fiscales, Eduardo Casal, es interino y llegó a este cargo en 2017, tras la salida de Alejandra Gils  Carbó, por ser el fiscal general con más antigüedad. El oficialismo le recrimina haber sido funcional a las expectativas del macrismo con motivos –entre otros tantos– como la protección otorgada a Carlos Stornelli al ser sumariado por espionaje. Al gobierno le interesa ahora sastifacer algunos de los reclamos de AFFUN, la asociación de fiscales, y la de Magistrados. Si se aprueba la ley, quedará el camino allanado para elegir Procurador/a general. El candidato sigue siendo Daniel Rafecas, cuyo pliego fue presentado en marzo del año pasado. Una de las grandes paradojas del proyecto en danza, que la oposición objeta con el argumento de que está pensado para “la impunidad K”, es que es muy similar al que defendió el exministro Germán Garavano en el Congreso en 2017 y que había sido presentado por senadores de Cambiemos, UCR y peronismo federal (entre ellos Miguel Pichetto, Pedro Guastavino, Rodolfo Urtubey). Aquella propuesta acotaba el mandato del procurador/a a cinco años y para la remoción alcanzaba mayoría de los presentes en Diputados y en el Senado, previa suspensión automática por 180 días. El texto aprobado en el Senado en 2020 incluyó aspectos de la propuesta de Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) y de Martín Lousteau (UCR) y de José Mayans, jefe del bloque del Frente de Todos. Qué cambios planteará  Soria por buscar acuerdos y qué ejes se mantienen: * El cargo de Procurador/a deja de ser para siempre y el mandato duraría 5 años, con posibilidad de renovar por 5 más. La designación no puede ser en un año electoral. * El Poder Ejecutivo propone un candidato/a y se requiere una mayoría absoluta del Senado para dar acuerdo, ya no una mayoría agravada de dos tercios. * La integración del Tribunal de Ejuiciamiento de fiscales/as es uno de los puntos que más irretaba a las entidades. El titular de AFFUN, Carlos Rívolo, llegó a decir que era equiparable a un pelotón de fusilamiento. El proyecto que tiene media sanción generaba tribina lintegrado por un integrante del Poder Ejecutivo, tres de la Bicameral de MPF (dos por la mayoría y uno por la minoría), un/a abogado/a de la matrícula, un representante del Consejo Universitario Nacional y un fiscal. Soria propone ahora otra integración que considera más equilibrada y acorde el reclamo: un representante del Ejecutivo, dos de la bicameral (uno por la mayoría y otro por la minoría), un/a abogado/a de la matrícula, un/a del Consejo Universitario y dos fiscales, y por lo menos una debe ser mujer. Así, se les da posibilidades de integrar el jury a más fiscales y sobre todo más fiscalas, ya que la mayoría de ellas no tienen tantos años de antigüedad en los cargos. Rívolo le dijo a Página/12 que esperará a ver el nuevo proyecto concreto para decir si AFFUN otorga o no su aval. *  Se modificaría el requisito de que para que el jurado de enjuiciamiento funcione tienen que estar presentes sí o sí los siete miembros. Lo que se requerirá es mayoría. Ha ocurrido que ciertos fiscales permanecieron con graves imputaciones, como Julio Castro acusado de acoso y abuso sexual,  porque el jurado no tenía el quorum para convocarse. Recién ahora está en marcha el proceso de remoción, que ya había sido condenado en 2019. * Las facultades de la Bicameral de MFP son otro punto central. Los fiscales/as se quejaban de que la injerencia política del oficialismo y la mayoría de la Bicameral permitirían, por ejemplo, la designación de un procurador/a interino cuando no haya titular. Casal está al frente de la Procuración por antigüedad, porque así son hoy las reglas. El proyecto con media sanción permitía que la designación de quien ocupe ese cargo en forma transitoria fuera decisión de la Bicameral que elegiría entre quienes tengan cargo de procurador fiscal, fiscal general con 10 años de antigüedad y fiscales de distrito. La modificación será así: elegirá el Poder Ejecutivo en base a una terna que elabora la Bicameral pero el requisito de antigüedad será 5 años, lo que permitirá que haya más mujeres en el abanico de posibilidades, ya que la mayoría no llega a 10 años. El interinato no podría durar eternamente, como en la actualidad, sino 6 meses no prorrogables. La cuestión de las posibilidades para las mujeres de acceder a los cargos fue planteada por un grupo de fiscalas en una reunión que tuvieron con Soria, y que motivó una insólita denuncia de Patricia Bullrich y Florencia Arietto. Casal dictó la archivó pero antes les advirtió a las fiscalas antes de hablar con una autoridad política debían hablar con él. Esto motivó un repudio fuerte de las mujeres que fueron al encuentro con el ministro, de las trabajadoras de Comodoro Py y hasta de AFFUN. Después de los repudios, Casal salió a aclarar ahora que no dijo lo que dijo. Ahora vendrá el test para el ministro Soria que, como es evidente, decidió poner la ley de MPF y la futura designación de Procurador/a en la cabeza de la agenda. 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/338149-en-busca-de-los-votos-que-faltan-para-aprobar-la-reforma-del

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