Gustavo Hornos y el duro pronunciamiento de un organismo jurídico internacional | Sigue el escándalo en la Cámara de Casación por las visitas a Macri


La crisis que se desató en la Cámara de Casación tras la revelación de que algunos de sus integrantes eran asiduos visitantes de Mauricio Macri en la Casa Rosada o en la quinta de Olivos está lejos de haberse extinguido. En las últimas horas llegó a manos del presidente del tribunal, Gustavo Hornos, un duro pronunciamiento de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ), que reprobó las reuniones privadas y aconsejó que los jueces no intervengan en casos donde hay sospechas de vinculación con las partes.La CIEJ, un organismo internacional de sumo prestigio, emitió un dictamen de once páginas a pedido de la camarista Ángela Ledesma, que formuló una consulta después de que se revelara que Hornos y su colega, Mariano Borinsky, visitaron a Macri en la Casa de Gobierno y en la residencia de Olivos.  En la práctica, el pronunciamiento de la CIEJ significa que el escándalo traspasó las fronteras y mereció el análisis de quienes dictan normas para el mejor funcionamiento de los tribunales.La Comisión realizó un examen de carácter general, pero resaltó la gravedad por estar comprometido el máximo tribunal penal del país, donde se ventilan los casos de mayor trascendencia pública. En su dictamen –que Ledesma le envió el martes a Hornos para que distribuya entre los jueces de las cuatro salas de la Casación Federal–, la CIEJ sostiene:La necesaria cooperación armónica entre los órganos del Estado no impide, ciertamente, la presencia institucional de los jueces, como muestra de cortesía, en reuniones públicas con los más altos responsables políticos de la Nación. Sin embargo, resulta desaconsejable de manera terminante una familiaridad y una regularidad en los intercambios y en la presencia de jueces en los organismos gubernamentales. En estas condiciones, se deberán tomar las previsiones requeridas para garantizar la transparencia y publicidad de dichos encuentros y velar para que no se celebren reuniones en privado que puedan generar algún tipo de sospecha.Las reuniones de jueces y responsables políticos pueden afectar a la separación de poderes como principio básico del Estado de Derecho.La independencia y la imparcialidad del juez no pueden despertar dudas ni temores a los justiciables que estén ante los tribunales pero tampoco pueden generar desconfianza en los ciudadanos.Los jueces deberían en todo caso comportarse en todo momento y en el ejercicio de sus funciones al margen de la “actividad política partidaria”.Para los supuestos en que se vea comprometida la imparcialidad existe la obligación legal y ética del juez de abstenerse o de admitir la recusación que se le formule por las partes. En este supuesto, no hay duda de que el trato con una de las partes implicadas en el proceso, con anterioridad o con mayor razón al mismo tiempo que se están desarrollando, determina la estabilidad legal y ética del juez de seguir conociendo el asunto.El apartamiento de los jueces que visitaban a Macri y que después fallaron en casos en los que el entonces mandatario tenía interés –al que alude la CIEJ– es un tema que está en plena discusión en los tribunales. El martes pasado, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió la nulidad de la causa del Memorándum con Irán, reabierta a instancias de Hornos y de Borinsky. Este juez también fue recusado en la causa de espionaje de Lomas por haber compartido reuniones con uno de los imputados, el secretario privado de Macri, Darío Nieto, quien lo tenía agendado en su teléfono –según reveló el portal El Destape–. Las recusaciones fueron rechazadas sin ser tratadas, pese a la oposición de Ledesma, y se decidió el pase del expediente de extrema sensibilidad política a los tribunales de Comodoro Py, como reclamaba Nieto.Tanto Ledesma como su colega Alejandro Slokar reclamaron la renuncia de Hornos a la presidencia de la Casación Federal después de que supiera que había frecuentado a Macri en la Casa Rosada, lo que derivó en una denuncia de Martín Soria –actual ministro de Justicia– en el Consejo de la Magistratura y en la justicia penal, más concretamente en la causa conocida como “mesa judicial”. Junto con Ledesma y Slokar, Ana Figueroa reclama que en Casación se convoque a un plenario para discutir las visitas a Macri y el escándalo que se desató el 8 de marzo pasado después de que el casador Juan Carlos Gemignani enviara una serie de mensajes machistas al grupo de WhatsApp que compartían todos los integrantes del máximo tribunal penal.Después de casi dos meses desde ese episodio, el 29 de abril, Hornos envió en un sobre cerrado la información que le reclamaban desde el Consejo de la Magistratura para la investigación sobre el comportamiento de Gemignani. El juez amenazó tanto a sus colegas de la Casación como a los consejeros con iniciarles acciones legales si se difundía el contenido del chat. Está previsto que en las próximas semanas convoquen a declarar a las tres juezas de Casación y que se realice una encuesta entre el personal de la Casación para recabar información sobre el trato del casador que ya fue sancionado, en el pasado, por el Consejo de la Magistratura por haber encerrado y ordenado detener a una secretaria del tribunal.En Casación, el encuentro del martes último entre Hornos y los presidentes de las cuatro salas del tribunal terminó agitado después de que Slokar reclamara que se graben esas discusiones para que quede registro de lo que se habla — y de lo que se omite–.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/341338-gustavo-hornos-y-el-duro-pronunciamiento-de-un-organismo-jur

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