Interrumpir la crueldad | Nuevo documento del espacio de intelectuales y artistas Comuna Argentina


El fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia en medio de la pandemia es de crucial gravedad institucional porque niega la preeminencia del derecho federal por sobre el derecho local y correlativamente la prevalencia del Estado federal por sobre los Estados locales. En un momento en el que los cimientos de la propia condición humana son socavados, la Corte hace peligrar la respuesta cierta a una pregunta: ¿quién o qué poder tiene competencias para tomar decisiones sanitarias con el objetivo de encauzar el bien común? Un bien común que en lo específico coincide con la vida misma. El movimiento tempestuoso que provoca la Corte, en una Argentina más que suficientemente zamarreada por un movimiento de saltimbanquis -los libertarios: que quiebran la memoria de una de las grandes tradiciones políticas de lucha y emancipación- exige una respuesta del pensamiento colectivo crítico, que en este instante puede movilizar diversamente al campo popular argentino.
El proceso de democratización que en Argentina ha atravesado las instituciones a nivel del Poder Ejecutivo y Legislativo no produjo un salto cualitativo que llegara a conmover la subsistencia de un modelo judicial defensor de los intereses elitistas vinculados al bloque social dominante. El último golpe de Estado de 1976 exhumó esos rasgos estructurales del sistema de justicia. El avance del proceso de juzgamiento de las graves violaciones a los derechos humanos fue dejando al descubierto la complicidad de jueces, fiscales y defensores con las autoridades civiles, militares y religiosas que dirigieron el terrorismo de Estado. Esa complicidad constituyó el punto más álgido del apartamiento de los valores democráticos cuando la Justicia convalidó –con diversos grados de participación u omisión– la represión de la dictadura implementada mediante detenciones arbitrarias, desaparición de personas, tortura y robo de cientos de bebés. Ante las sucesivas dictaduras y el vaciamiento neoliberal del patrimonio social en los años 90, el Poder Judicial actuó como cómplice estructural de la dominación, de la represión y de la impunidad. En aquellos años el Estado no se crispó ante jueces que no eran independientes. Y estos jamás señalaron su incomodidades ante las presiones que recibían. De hecho, cumplieron de manera eficiente lo que se esperaba de ellos. No había conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Esa matriz burocrática y autoritaria del Poder Judicial está latente y se manifiesta cada vez que está en riesgo el orden establecido. Al orden establecido hoy se lo llama ambiguamente “nueva normalidad”. ¿Es que acaso la normalidad no es el problema? La asfixia ante la que estamos es anterior a los efectos y secuelas del covid. El virus la puso dramáticamente en juego sobre el cuerpo social. Con excepción de las guerras, las estrategias de exterminio y las formas criminales del Estado de terror, bajo el signo de la peste global, el capitalismo muestra más acabadamente que nunca su lógica descarnada: una economía de la crueldad, del sacrificio. Las fantasmagorías de confort, de estabilidad, bienestar y progreso, aun en países ricos, se convirtieron súbitamente en imágenes de fosas comunes, hospitales de campaña y pasillos abarrotados de enfermos. Las prácticas de protección e inmunización describieron –y describen– obstáculos y límites persistentes, o bien la exigencia de funcionamiento de la producción y circulación de mercancías en el caso de los procedimientos de aislamiento, o bien la distribución desigual y regida por rigurosos criterios de mercado en el caso de la vacunación. La máquina imperativa de subordinación al trabajo capitalista se mantuvo intacta, nada parece detenerla. A eso apuntaron los debates iniciales en torno al presunto dilema “vida o economía”. Las divinidades del mercado ordenaron seguir, costara lo que costase. Si hay un hecho estruendosamente visible en el mundo social de la pandemia es la potencia de esa máquina que no detiene su curso, aunque su continuidad y extensión ponga en peligro la vida en términos estrictos, tanto como el conjunto de creencias y construcciones simbólicas que animan lo que el sentido común llama vida civilizada. Lo que está en juego es la vida del presente y una idea de futuro. El desquicio del mundo social gobernado por las corporaciones, imponiéndose por sobre los cumplimientos de legitimidad democrática, quebrantando la institución pública en cuanto materia de libre decisión colectiva, y aun poniendo en cuestión la territorialidad y la fuerza de ley, parecen hablar de un lento pero continuo ocaso de los Estados. Ese mismo ocaso parece ratificado en el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que fragmenta y tensiona los poderes e instituciones del Estado. Hay apenas llamados dispersos de un lenguaje que se pronuncia en favor de interrumpir esta lógica de la crueldad. Llamados dispersos de una lengua vacilante para enfrentar el dominio de las corporaciones. Lo que habíamos reconocido y celebrado como discurso en defensa de la vida popular fue gradualmente retirándose de plano. La intervención de los Estados, la protección y diseño de políticas de soporte económico encontraron su límite previsible en ecuaciones y fórmulas destinadas a la administración del déficit fiscal, el control monetario, los índices de crecimiento o caída del producto interno, la negociación de la deuda o el cálculo electoral de democracias ya dañadas. Categorías que encubren, aunque ya de un modo indisimulado, el desenfreno acumulativo y el beneficio, el número bancarizado por sobre la vida pulsante de los pueblos. Los bancos, las industrias y tecnologías de la comunicación, por caso las industrias farmacéuticas y los laboratorios, la Corte Suprema de Justicia, se presentan como oráculos sagrados, intocables. Oráculos del capitalismo digital y del orden establecido que emiten mensajes sin ninguna opacidad. Con la seriedad que la escena requiere, no pudo ponerse abiertamente en juego no ya la nacionalización de laboratorios imprescindibles para el sostén de la vida popular, sino siquiera la suspensión de la propiedad privada de patentes y marcas, como suele solicitarse en formularios y protocolos de investigación científica a la espera de evaluación. En el caso argentino es urgente suspender las negociaciones con el Fondo monetario y fomentar mayor independencia económica para manejar la crisis social, humana. La lengua de la derecha descalabra los sentidos profundos de todas las palabras que introduce en su máquina de guerra discursiva y las devuelve al debate público y a las formas reflexivas bajo el modo del estropicio. Achata la historicidad de cada palabra y las dispone para ser agarradas en su sentido primario, superficialísimo. Lo hizo con la palabra revolución -pisoteándola con otra: alegría-, lo hace con las palabras libertad, autonomía, república. Lo hace usufructuando el efecto de neutralización de la historia nacional que se cifra en el acrónimo CABA, convirtiendo la autonomía en un secesionismo de los privilegios acumulados en siglos de extractivismo interno. Lo hace trasmutando esa profunda e irresuelta “deuda interna” en autoproclamación federalista contra el autoritario centralismo sanitario del Estado nacional. La lengua de las derechas convierte las palabras en meros dispositivos retóricos de dominio y explotación al servicio de la ideología dominante, del capitalismo digital y del orden establecido. Acaso el ejemplo más evidente sea lo que sucede con la palabra hidrovía, que si indica algo es una zona de despojo y ultraje de parte de multinacionales sojeras -a las que se adosan los circuitos propios del narcotráfico y de los negocios de las mafias- de lo que alguna vez fue la belleza del río Paraná, cuyo delta Sarmiento bautizó con una preciosa palabra de origen guaraní: Carapachay. Imposible no ver aquí que su nombre también aloja la posibilidad de soberanía, una historicidad y una estilística. La gravedad de algunos sucesos que se sintetizan aquí torna prioritaria la necesidad (la inevitabilidad) de un poder judicial justo para la vida democrática argentina. La absoluta complacencia de las altas autoridades judiciales de nuestro país con el estado de cosas demanda acciones concretas del poder político en alianza con los sectores populares. La Corte Suprema de Justicia que ha fallado en contra del cuidado de la vida popular y la salud es aquella del 2×1, es aquella que ni ayer ni hoy cuidó la democracia. Tal como el macrismo la socavó mancillando la palabra República. En otro contexto, esta escena del mayor dramatismo nos encontraría en la calle, en la cosa pública, en defensa de lo que nos es común. Y puesto que somos nosotrxs lxs que cuidamos la vida, la democracia, la vida popular convocamos a todas las fuerzas democráticas y populares a acompañar este documento, a difundirlo, a expresar la necesidad de una democracia democrática, revolucionaria, de una vida vivible y de una justicia justa.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/340401-interrumpir-la-crueldad

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