Jueces porteños contra la paridad de género | La Inspección General de Justicia demandará a los magistrados


La Inspección General de Justicia (IGJ) denunció la irregularidad de un fallo de la Cámara Comercial  que intenta dejar sin efecto dos resoluciones que apuntan a mejorar la paridad y diversidad de género en organismos de fiscalización de entidades comerciales o civiles. Las denuncias en contra de la resolución fueron promovidas por Yamil Santoro, precandidato a legislador porteño por el partido Republicanos Unidos, cuya cabeza es Ricardo López Murphy, y un grupo de siete empresas de colectivos. El subinspector de la IGJ, Manuel Cuñas Rodriguez, promueve iniciar un juicio político a los jueces comerciales Eduardo Machin y Julia Villanueva que llevaron adelante el juicio desatendiendo notificaciones, incluso, de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de dos resoluciones generales que el organismo publicó en agosto y octubre del año pasado propiciando la paridad y diversidad de género
en el ámbito de los órganos de administración y fiscalización de sociedades
comerciales, asociaciones civiles y fundaciones y luego extendió a entidades religiosas inscriptas en registros que dependen de Cancillería. Es que las estadísticas de la organización especializada “Mujeres en la Bolsa” y de la base de datos
de la propia IGJ indicaban que había solo una mujer por cada
cinco varones que dirigían o fiscalizaban entidades comerciales o civiles.Casi de forma inmediata tras la primera resolución, la “Fundación Apolo de Bases para el Cambio”, presidida por Yamil Santoro, presentó un amparo pidiendo la declaración de inconstitucionalidad de lo dispuesto por la IGJ. El mismo fue desestimado en primera instancia en abril 2021 y luego rechazado por el juez federal interviniente en junio de este año.Al igual que Santoro, hubo otros intentos de desestimar la resolución ante la justicia. En octubre del 2020, un grupo de siete empresas de colectivos comenzó a tramitar un juicio en el mismo sentido. Pero lo hizo ante la Cámara Comercial porteña, en lugar de la Cámara Contencioso
Administrativo Federal, a pesar de que esta última es la especializada y competente
para dirimir judicialmente asuntos del Estado Nacional. Pese a esto, la Cámara porteña se declaró competente y sus magistrados Machín y Villanueva se negaron a aceptar disposiciones acerca de su incompetencia de acción emitidas por la justicia federal y siguieron adelante con el juicio en contra de la IGJ. “Pocas veces acontece que magistrados que ni siquiera tienen firme su competencia para actuar se despachen de semejante modo, revocando con una sentencia dos resoluciones generales de un Organismo estatal, que son en esencia actos administrativos de alcance general y por ello leyes en sentido material, exponiendo, inclusive, al Estado argentino por eventual responsabilidad a nivel internacional por no cumplir con las medidas de acción positivas exigibles como tendientes a la consagración real de la igualdad en nuestro país”, asegura Cuñas Rodríguez.
Sin perjuicio de que la sentencia suscrita por Machin y Villanueva no está firme y será recurrida por la IGJ y “ante la difusión inexacta de lo anterior que se hizo en algunos medios de comunicación”, el organismo dictó una nueva resolución general en agosto de este año que detalla la irregularidad e ilegalidad de lo actuado por ambos jueces comerciales y ratifica las resoluciones del 2020.”Pareciera que, con este modo de actuar, ciertos sectores económicos utilizan influencias políticas del anterior gobierno macrista, pretendiendo conservar el actual estado de disparidad negativa en el trato deparado a los géneros diversos, utilizando como herramienta el desborde institucional del conocido como ‘gobierno de los jueces’. De no ponerse coto a este estado de cosas, seguirá sin poder construirse una sociedad menos asimétrica y más igualitaria”, analiza el directivo del organismo. Luego finaliza el descargo asegurando que “más allá de lo que termine aconteciendo con la Corte y el Consejo de la Magistratura en este trascendente asunto, queda claro que, así como en forma abrumadoramente mayoritaria la sociedad argentina está a favor de la diversidad y paridad de género, hay pequeños y concentrados sectores de poder empresario, político y judicial que desean conservar los modelos de la sociedad patriarcal y que reaccionan negativamente a los cambios que, en el mundo en general y en nuestro país en particular, se vienen promoviendo y produciendo desde hace algunos años, en el sentido de ampliar derechos a los colectivos menos favorecidos, como ser el de las mujeres y géneros. más temprano que tarde, seguramente llegará para quedarse, hasta, inclusive, en el seno de las empresas comerciales”.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/363853-jueces-portenos-contra-la-paridad-de-genero