La Cámara de Apelaciones de Esquel confirmó por unanimidad la sentencia contra Javier Solorza, jefe del grupo de Infanteria de la policía de Chubut, por la represión del 11 de enero de 2017, cuya cobertura periodística fue tapa de este diario al día siguiente, en territorio mapuche recuperado de Cushamen. Solorza estaba a cargo del grupo que les disparó luego de descender de una camioneta Iveco ubicada sobre la ruta 40, con escopetas antitumultos y otras armas, y fue condenado a un año y seis meses de prisión en suspenso y tres años de inhabilitación especial para desempeñarse en las fuerzas de seguridad por el delito de abuso de autoridad. Desde el 10 de enero había comenzado la represión, en conjunto con la Gendarmería, en la que Emilio Jones fue herido de gravedad, así como Fausto Jones Huala que perdió un oído. La abogada del grupo querellante, Sonia Ivanoff, dijo a PáginaI12 que “aunque tibia, es un señal a favor de quienes protestan y en contra de quienes reprimen la protesta social”.Los camaristas Hernán Dal Verme, Carina Estefanía y Martín Zacchino determinaron que Solorza actuó con “desproporción” e “irracionalidad”, al tiempo que manifestaron que las funciones policiales “no pueden ser cumplidas de cualquier manera”. En los videos que fueron aportados como prueba puede verse a sus subordinados trasponiendo el alambrado de la Pu Lof y arrojando piedras, además de disparar. Así fue que “Fernando Jones Huala sufrió equimosis en región lateral izquierda de tórax, Malvina
Soledad Encina una lesión en la cara interna del antebrazo izquierda (hematoma); y Fausto Jones Huela un traumatismo de cráneo en la región mastoidea izquierda de su cabeza, el cual le
produjo una lesión intracerebral que en el momento inmediato deprimió su sensorio y al momento
del alta institucional y hasta tres meses después, le produjo disminución de su función de habla o
lenguaje y audición como secuela. En tanto, Emilio Jones sufrió una fractura atípica de rema
derecha del maxilar inferior hasta cóndilo, que disminuye la apertura de la cavidad bucal, insumiendo
su recuperación un período superior al mes, con inhabilidad laboral por ese tiempo,
presentando hasta la actualidad una cicatriz visible en el rostro”.La Pu Lof en Resistencia de Cushamen, que sufriría en agosto de ese año otra represión en la que desapareció Santiago Maldonado, había recibido el primer ataque el 10 de enero. La guardia de la comunidad –ocho varones, cinco mujeres y cuatro niños– divisó camionetas de Gendarmería en la ruta. Colectivos. Caballos. Finalmente contarían a más de 200 gendarmes y policías. “Dijeron que venían a despejar las vías de la Trochita y a identificar a quienes vivíamos ahí, pero los guardias contestaron que no estábamos dispuestos a dejarlos pasar después de que la provincia cortara la mesa de diálogo e incumpliera la promesa que le hizo a otra comunidad hermana”, contó Jaquelin Marín en ese momento a este diario. Luego de atrapar y detener a los miembros de la guardia mapuche se ensañaron con las mujeres y los niños. “Tiraron la puerta abajo. Nos rociaron con gas lacrimógeno, con espuma de matafuego, nos sacaron de los pelos, le pegaron a un niño con un garrote en la cabeza, nos esposaron”, contó la joven sobre la represión ordenada por los jueces Guido Otranto y José Colabelli. El entonces ministro de Gobierno, Pablo Durán, tildó a los miembros del Pu Lof de “terroristas” y “delincuentes”. Gendarmes y policías, además, les robaron todo. “Este largo proceso judicial –que comenzó en febrero y por el que pasaron decenas de testigos– empezó cuando decidimos llevar adelante esta denuncia, intentando revertir la impunidad que caracteriza a las fuerzas policiales en hechos como estos y similares. Esta sentencia afianza lo que siempre denunciamos hace generaciones o cientos de años, la represión estatal como instrumento de despojo sistemático de nuestros derechos y valores humanos mas básicos”, dijo la comunidad en una declaración. “Esperabamos más, ya que las cicatrices, lesiones, recuerdos y secuelas seguirán presentes en nuestras vidas”, agregó. La Pu Lof que había recibido a Maldonado como un wenüy (amigo blanco), expresó que “mediante la justicia winka (del blanco invasor) a lo largo de este proceso se demostró la violencia institucional, la complicidad de los medios pseudoperiodisticos, maltrato fisico y psiquico a decenas de personas, inclusive bebes y niños. Este operativo represivo es parte de una continuidad de sucesos que intensificaron el nivel de violencia, torturas y odio racial”. Los mapuche, cuyo lonko Facundo Jones Huala sigue preso en Chile, recordaron que “la siguiente represión sería la del 1 de agosto donde desaparecen a Santiago Maldonado y meses después aparece río arriba. A los pocos meses el asesinato por la espalda del weichafe (guerrero) Rafael Nahuel. Todo esto en complicidad con el poder político, mediático y económico, en un escenario de conflicto político histórico en el cual aún intentan cazarnos y someternos, por defender dignamente la vida en su totalidad con todos los elementos que la conforman, mediante nuestra Cosmovision en territorios libres, sanos y productivos, sosteniendo el desarrollo de nuestra existencia milenaria”. Y exigieron “justicia por Rafael, Santiago, la familia Calfullanca, Matias Catrileo y todas las víctimas del Estado cómplice de los intereses económicos y privados”.
Termina así la trama de juicios cruzados, con saldo positivo para la comunidad originaria. Los integrantes de la Lof de Cushamen y los vecinos de la Red de Apoyo a las Comunidades en Conflicto resultaron absueltos en sendos juicios por la usurpación de esas tierras, denunciados por la Compañía Tierras del Sud del magnate Benetton, y por posesión de armas de guerra y abigeato.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/346708-la-condena-de-un-policia-de-chubut-por-la-represion-a-los-ma