Las pruebas del espionaje macrista sobre Alejandra Gils Carbó | La investigación de la llamada Mesa Judicial reveló cómo se persiguió desde el Estado a la exprocuradora


El gobierno de Mauricio Macri espió a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó y a una de sus hijas entre 2016 y 2017, la misma época en que intentaba forzar su renuncia. Lo hizo a través de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), desde donde se hicieron pedidos de información a la Dirección de Migraciones, sobre  las entradas y salidas del país, y al sistema Nosis, sobre la situación crediticia, fiscal y comercial. Los datos que revelan las búsquedas ilegales de información, con la utilización de varios organismos estatales, fueron detectados por el fiscal Franco Picardi en la investigación de la llamada Mesa Judicial que funcionó durante la administración macrista y que marcó un período de clara utilización política del sistema de Justicia. Según identificó la fiscalía, también fueron espiados con los mismos métodos la jueza de Casación Ana María Figueroa, la camarista civil Marcela Pérez Pardo y los camaristas del fuero laboral Néstor Rodríguez Brunengo y Mirta González Burbridge.
Gils Carbó declaró como testigo ante Picardi y describió todos los mecanismos con que el gobierno de Macri intentó que dejara el cargo: en esencia, denuncias judiciales y maniobras institucionales para poder echarla sin juicio político. El corolario fue el mensaje que el operador judicial macrista que está recluido en Uruguay, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, le hizo llegar: si no renunciaba, irían presa ella y las hijas. Se lo dijo al fiscal Gabriel De Vedia –según éste declaró– y él se lo contó de inmediato a la entonces procuradora. Las revelaciones sobre la búsqueda de información acerca de ella y una de sus hijas confirmarían que incluso había una embestida que utilizaba a buena parte del aparato del Estado para espiarlas ilegalmente. El fiscal Picardi les pidió informes a la AFI, la AFIP y la Anses para saber quiénes dentro de esos organismos hicieron la búsqueda de datos privados, quién dio la orden y con “qué razones y/o justificaciones”, ya que nada de eso se puede hacer sin una causa judicial que lo requiera. No son las únicas dependencias involucradas. Sobre los jueces y juezas también se solicitaron datos desde el Ministerio de Seguridad, la Policía Federal y la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Estas últimas son búsquedas de 2018 y 2019, siempre durante el gobierno de Macri. “Esto corrobora que hubo un aparato estatal organizado para ejercer presión sobre funcionarios y magistrados –dijo Gils Carbó a Página/12–. En mi caso, para llevarme a la renuncia y acceder así a un mayor control del sistema judicial. Como dije en mi declaración en la causa de la mesa judicial, ejercieron violencia privada estatalizada. Lo hicieron contra mi persona, contra mis hijas, con dos jueces (Claudio Bonadio y Julián Ercolini) que fueron los alfiles que cumplían la misión. Algunos accesos a información mía (migraciones y Nosis ) son anteriores a la causa por la compra del edificio. Se ve que ya estaban buscando para ver con qué me podían extorsionar o presionar.”La operatoria* En la AFI todo hace suponer que se dividieron la tarea entre dos exagentes. Una de ellas, Ana Polero, relevó registros de Nosis sobre Gils Carbó y Damiana Alonso, una de sus hijas, el 8 de septiembre de 2016. El 14 de febrero de 2017 hizo lo mismo sobre la jueza Pérez Pardo, ex esposa del camarista destituido durante el macrismo Eduardo Freiler. La otra espía, Lorena Lencina, buscó en la plataforma de Migraciones las entradas y salidas del país de Pérez Pardo el 8 de enero de 2018. Picardi pidió los legajos de ambas ex integrantes de la AFI, que dejaron el organismo entre 2017 y 2018. * Los viajes de Gils Carbó fueron monitoreados con un usuario de la AFIP el 11 de enero  de 2017; lo mismo le pasó a Rodríguez Brunengo, sobre quien hay una búsqueda el 23 de marzo de 2017, otra el 10 de octubre de ese año y otra el 24 de noviembre de 2018.  Están identificados los “usuarios” que promovieron las búsquedas y la fiscalía pidió los legajos de los que son funcionarios y de quien les dio alguna orden en estos casos. * Desde la Anses fueron escaneados más movimientos migratorios: de Ana María Figueroa, el 19 de junio y el 3 de julio de 2018; de Gils Carbó el 27 de diciembre de 2017; de Pérez Pardo el 25 de noviembre de 2019; y de la jueza González Burbridge el 7 de agosto de 2017 y el 25 de octubre de ese año. También están individualizados los usuarios que tramitaron el acceso a la información y hay un pedido de precisiones de la fiscalía dirigido a este organismo. No es la primera vez que el nombre de la exespía Polero aparece en una causa judicial donde se investiga inteligencia ilegal. Dio con ella el juez Alejo Ramos Padilla cuando en en el juzgado federal de Dolores tenía a cargo el “D’Alessio Gate” e investigaba la llamada “Operación Jaitt”, una posible operación de contrainteligencia. Polero había acompañado a la fallecida Natacha Jaitt al programa de Mirtha Legrand el 31 de marzo de 2018, haciéndose pasar por vestuarista. Jaitt involucró en aquella oportunidad a políticos, periodistas y personas del mundo del espectáculo en una trama de abusos sexuales y pedofilia. Uno de los señalados, el titular de La Alameda, Gustavo Vera, le atribuyó a la modelo formar parte de una operación de inteligencia, lo que desató una investigación por una autodenuncia de la AFI. Ramos Padilla encontró documentos en poder del falso abogado D’Alessio, con datos sobre Jaitt y el diseño de una operación para “neutralizarla”. El juez identificó que Polero había sido nombrada por la exsubdirectora de la AFI Silvia Majdalani, y que dependía del recientemente fallecido Eduardo Miragaya, un espía que tenía cargo de fiscal, que estuvo implicado en la operación para adjudicar al juez Sebastián Casanello una falsa reunión con Cristina Fernández de Kirchner para sacarlo de la causa de lavado de dinero contra Lázaro Báez. Todos los hallazgos de Picardi entran en la lógica que caracteriza a la causa de la mesa judicial hasta ahora: tanto lo que se refiere a Gils Carbó, atacada por Mauricio Macri desde antes de asumir la Presidencia con el objetivo de sacarla de la Procuración General, como lo que atañe a otros jueces. Figueroa denunció ella misma y declaró en la causa que cree haber sido una de las primeras víctimas del “lawfare” cuando en los primeros días del gobierno de Cambiemos le pidieron que apurara una resolución sobre la constitucionalidad del Memorádum con Irán. Desde ese entonces la llenaron de denuncias y pedidos de juicio político. Los jueces del fuero laboral que aceptaban paritarias, cuestionaban los despidos y fallaban a favor de los trabajadores en general fueron atacados y denunciados sistemáticamente. La ofensiva judicial del macrismo se extendió a muchos otros jueces y juezas, fiscales y fiscalas. Fue un ataque del que participaron políticos del entonces oficialismo, medios y parte del sistema judicial. En el caso de Gils Carbó, ella misma atribuye el ataque a su posición contraria a la legalización de una Inspección General de Justicia porteña que convertiría a CABA en un paraíso fiscal a medida de los deseos de Macri. También es sabido que se opuso a la fusión de Clarín y Multicanal, entre otas medias que explican la saña del oligopolio en su contra. 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/349959-las-pruebas-del-espionaje-macrista-sobre-alejandra-gils-carb

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