LA CRISIS EN EL MAS AMENAZA LA DEMOCRACIA BOLIVIANA

Como muchos temían, el cisma entre los liderazgos de Evo Morales y Luis Arce se convirtió este jueves 5 en materia judicial, después de que dirigentes campesinas impugnaron el congreso del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) que se realizó este martes y miércoles en el Trópico de Cochabamba. El conflicto entre el conductor histórico del partido mayoritario y el presidente de la República se ha generalizado, fracturando el bloque de diputados y paralizando la cámara baja de la Asamblea Plurinacional. Este conflicto político e institucional se da en un contexto de crisis económica provocada por la caída en las exportaciones de gas. Por ahora, como la oposición está muy dividida, no aparecen modelos alternativos, pero el tiempo acucia y, si el movimiento popular boliviano no soluciona su crisis de conducción, sumirá al país en una nueva crisis constitucional.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TED) de Santa Cruz postergó para el lunes 23 de octubre la decisión sobre la legalidad del reciente congreso del MAS en Lauca Ñ, Trópico de Cochabamba.

Seis días antes, el 17 de octubre, se realizará en El Alto el Cabildo Abierto convocado por la dirigencia de las organizaciones sociales que forman parte del Pacto de Unidad (Confederación de Trabajadores Rurales de Bolivia –CSUTCB-, Confederación Nacional de Mujeres Originarias Indígenas Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa, Confederación Sindicalista de Comunidades Interculturales de Bolivia –CSCIB-, Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia –CIDOB- y Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu –CONAMAQ-), a la que se sumó la Central Obrera Boliviana (COB). Prometen que será el “cabildo del millón” y el primer paso para “recuperar” la sigla del MAS.

El congreso celebrado en Lauca Ñ proclamó a Evo Morales candidato presidencial para las elecciones de 2025, decidió no hacer ninguna alianza para las mismas y constató la “autoexpulsión” del partido del presidente Luis Arce Catacora y del vicepresidente David Choquehuanca Céspedes, por no haber concurrido a la asamblea partidaria. Ahora la impugnación del evento ante la Justicia Electoral por los partidarios del mandatario ha judicializado la contienda política y amenaza convertirlo en un conflicto institucional.

Mientras tanto, en una reunión realizada simultáneamente en La Paz, Arce dijo que era “un atropello a las organizaciones sociales que en realidad están siendo despojadas de su propio instrumento político, hay un irrespeto a las organizaciones sociales, no se toma en cuenta ese carácter fundacional”.

Morales anunció su candidatura para un nuevo mandato, cuando a su sucesor Arce aún le quedan dos años al frente del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). “Me han convencido, voy a ser candidato, me han obligado, la gente quiere”, puso el expresidente el domingo, dos días antes del congreso, en la red X. “Obligados por los ataques del gobierno, su plan para proscribir al MAS-IPSP y defenestrarnos con procesos políticos, incluso eliminarnos físicamente, hemos decidido aceptar los pedidos de nuestra militancia”, publicó entonces Morales en la red X. Obviamente, los mensajes fueron altamente condicionantes para la asamblea en Cochabamba.

Al fracturarse el bloque oficialista de diputados, el gobierno de Arce perdió la mayoría especial que le permitía aprobar algunas leyes claves. En diálogo con este columnista el Doctor en Ciencia Política Fernando Mayorga (U. de Cochabamba) explicó que esta división permitió que los parlamentarios afines a Morales hayan avanzado en acuerdos con la oposición, para bloquear decisiones del Ejecutivo o censurar a ministros, perturbando fuertemente la labor de gobierno. Los diputados aliados a Morales, al igual que la oposición, decidieron que no aprobarían ningún proyecto, mientras no se concreten las elecciones judiciales previstas para este año, y no se avance en una ley para regular la censura a los ministros. La ruptura del bloque oficialista puede llevar al bloqueo de toda iniciativa del Ejecutivo.

Entre tanto, el sector arcista del MAS decidió este lunes pasado no hacer un congreso paralelo al de Lauca Ñ, pero, a cambio, en un Cabildo Abierto cuestionar la legitimidad del mismo. Al haber convocado a un Cabildo Abierto y no a un Pleno Ampliado, pueden reunir a centenares de miles de personas, pero sin obligación de resolver nada. Hay rumores de que proclamarían allí la candidatura de Arce a la reelección, pero Mayorga no lo cree.

Posiblemente sea el Tribunal Superior Electoral (TSE) quien termine por arbitrar acerca de la legitimidad del congreso de esta semana. Es muy importante que el TSE no ceda a las presiones de ninguno de los bandos enfrentados, porque, si la justicia electoral se partidiza, debilitaría la institucionalidad del país.

Al mismo tiempo, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) puede ser ser llamado a interpretar el pasaje de la Constitución según el cual los presidentes pueden ser reelegidos “por una sola vez de manera continua”. Como esta disposición no aclara, si un exmandatario puede ser nuevamente candidato después de un período de gobierno tras el ejercicio de su mandato, cabría al Tribunal Constitucional decidir sobre la aspiración electoral de Evo Morales. Recordemos que Evo fue presidente de 2006 a 2019 y ya en 2017 tuvo un grave conflicto con el TSE para imponer su segunda reelección que le costó el rechazo de la mayoría de la población urbana que aún perdura. Su derrocamiento en 2019 fue un golpe de estado, pero antecedido por la derrota política que acarreó al MAS el haber impuesto su reelección.

Los dirigentes de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba (una poderosa organización de productores cocaleros en donde nació como dirigente Morales) ya advirtieron al gobierno de Arce que tomarán acciones radicales en el caso de que Evo quede inhabilitado para competir en 2025.

En el reciente congreso Evo Morales consiguió dos primeros objetivos: la jefatura del partido y ser proclamado como candidato presidencial para 2025. Arce, por su parte, tiene dos instrumentos para alcanzar la candidatura: movilizar a las bases sociales para disputar el control del partido y seguir el camino judicial, para apartar a Morales.

El MAS y los movimientos sociales supieron resistir desde el llano e imponer el fin de la dictadura de Janine Añez. Ante la proscripción del líder partidario, Luis Arce logró una decisiva victoria en las elecciones de octubre de 2020, habilitando así el regreso del expresidente. Para Morales y sus seguidores Arce debía ser sólo una figura transicional, pero éste tiene el poder del Estado y maneja recursos. Nadie supo hallar una fórmula de unidad entre la conducción del Estado y la del movimiento de masas y así fue que desde finales de 2021 los dos dirigentes del Movimiento al Socialismo comenzaron a divergir hasta chocar.

El evismo no está dispuesto a esperar al año 2024, cuando se tienen que llevar adelante en Bolivia las Primarias Abiertas y Secretas (PAS, pero no obligatorias). Probablemente el expresidente tema una decisión del TCP interpretando la Constitución de un modo que inhiba su candidatura. A Evo se le hará muy cuesta arriba, ya que es rechazado por el 60% de la población urbana y tiene pocas chances de ganar una elección. Por su parte, Luis Arce tampoco la tiene fácil, ya que, si quiere mantener el apoyo popular, no puede descuidar la gestión.

Si bien la crisis del MAS es eminentemente política e institucional, se desarrolla en un contexto económico problemático que resta recursos para la gestión estatal y la política social. La economía boliviana registró un crecimiento del 2,3 por ciento en el primer trimestre de este año y se ubica por encima del promedio de América Latina y la tasa de inflación es del 0,8 por ciento anual, informó hace un mes el ministro de Planificación Sergio Cusicanqui. Sin embargo, escasean los dólares por la caída de los precios de las materias primas que produce Bolivia y la merma de las exportaciones de gas. El país extrae un 33% menos de gas que en 2014. Bolivia no ha certificado sus reservas de gas natural desde 2019. Las cifras actualizadas de la Oficina Nacional de Estadísticas muestran que la producción de gas y crudo en los primeros siete meses totalizó respectivamente 8.000 millones de metros cúbicos (Mm3) y 5,15 millones de barriles (Mb), frente a los 9.160Mm3 y 6,1Mb de enero-julio de 2022. La escasez de divisas, consecuentemente, está provocando un aumento de los precios de los productos importados, que son muchos, ya que Bolivia tiene muy poca industria.

A principios de septiembre el presidente admitió que las reservas de gas natural se han agotado y que las exportaciones a Argentina y Brasil deben interrumpirse, lo que deja un enorme hueco en la balanza comercial. Si bien desde 2021 la empresa estatal YPFB ha perforado 42 nuevos pozos de exploración, no es previsible que empiecen a producir antes de 2025.
El gobierno ha impuesto restricciones a la compra de dólares y el consumo de diésel se está racionando. Algunas empresas mineras y agropecuarias comenzaron a importar diésel por su cuenta y el contrabando de combustibles no cesa. El gas, por ejemplo, es desviado para ser utilizado en la producción ilegal de electricidad.

En estas condiciones se ha reducido el espacio de maniobras para políticas redistributivas. Tanto más importante es que la crisis de liderazgo se resuelva pronto. En su conversación con este columnista el pasado viernes 6 Fernando Mayorga formuló su esperanza de que los congresos regionales del MAS y de los movimientos sociales que ahora deben suceder al de Lauca Ñ exijan la unidad. “La base popular no está dividida”, señaló el analista. Pero superar la fractura actual implica que tanto Evo como Arce den un paso al costado. En ese caso podrían ser remplazados por la generación intermedia de dirigentes en la que asoma, primero que todos, Andrónico Rodríguez (34 años), vicepresidente de la Federación de Cocaleros del Trópico de Cochabamba (o sea, segundo de Evo) y presidente del Senado, donde se ha desempeñado con suma prudencia, tejiendo acuerdos (también con la oposición) y manteniendo el funcionamiento de la cámara.

En un hecho inédito en América Latina, inmediatamente detrás de Andrónico asoman tres mujeres: Adriana Salvatierra, Eva Copa y Gabriela Montaño. La primera (34 años) y la segunda (36 años) fueron sucesivamente presidentas del Senado y la segunda es hoy alcaldesa de El Alto, el populoso suburbio de La Paz. La tercera (47 años) también ejerció ya antes la presidencia del Senado y luego diversos cargos.

Al MAS-IPSP, entonces, no le faltan dirigentes para superar la crisis actual. Su crisis puede resolverse por medios políticos. Sólo necesita que se imponga la voluntad unitaria de su base y el renunciamiento de los actuales líderes. Llevar la disputa política a la Justicia sólo politizaría a ésta y judicializaría la política. El conflicto institucional se convertiría en uno constitucional, abriendo la puerta para que la derecha golpista y “la embajada” rompan nuevamente la normalidad democrática. El MAS debe encontrar una solución política a su crisis, para que no se quiebre la constitucionalidad de Bolivia, no se facilite un nuevo golpe de estado y una renovada amenaza para la democracia sudamericana.