22 de mayo de 2024
Telam SE

¿Es posible pensar aspectos problemáticos en términos estructurales de la democracia argentina en estos celebrados cuarenta años de continuidad? Por supuesto que la democracia imaginada como proceso inacabado supone, y es deseable que así ocurra, luchas permanentes –y, por lo tanto, problemas reinventados permanentemente– por las promesas que siempre resultarán incumplidas. No obstante, la pregunta se dirige a tratar de identificar cuestiones concretas que, en sus formas actuales, resulten en una mayor o menor habilitación para que los distintos sectores de la sociedad que no formen parte de grupos económicos y/o culturales con gran capacidad de incidir en las decisiones de gobierno puedan obtener fuerza política para ocupar un lugar con voz en esas luchas.

Una de esas cuestiones imaginada aquí como importante es preguntarse por el grado de autonomía del conjunto del sistema político en relación a grupos económicos nacionales y transnacionales –en muchos casos, sin implicación estable en la sociedad nacional– con capacidad fuerte de hacer escuchar su voz y de influir en las decisiones que hacen al conjunto social.

El supuesto sostenido aquí es que esa autonomía, imprescindible para lograr la participación real de la mayoría de los representados por las asociaciones políticas de ese sistema que no poseen poder económico, está decididamente agujereada, y que esto se vincula con la autonomización de la clase política respecto a sus bases. Heteronomía entonces en relación a los poderes económicos y deterioro de formas organizativas que fortalecen la representación.

Foto Pablo Aeli
Foto: Pablo Añeli

En verdad, estos movimientos que afectan la autonomía mencionada de la política no suponen la injerencia directa de las potencias mundiales en su región valiéndose de la colaboración de los ejércitos locales, situaciones que fueron comunes en la historia latinoamericana. Por supuesto que lo ocurrido en Honduras y en Bolivia tiene el sabor de los viejos golpes, y de algún modo, también lo de Paraguay y Brasil. Sin embargo, en el presente las formas de control externo de las democracias nacionales pasan más por producir en las propias sociedades transformaciones económicas y también jurídico-institucionales. Estas últimas, en términos generales, son las que apuntan a la reducción de capacidades estatales, entre muchas, por ejemplo, la propuesta de independencia del Banco Central de las decisiones de gobierno o la designación de tribunales internacionales para juzgar contratos en territorio nacional.

Tampoco es menor la lucha cultural en la que se impusieron miradas fuertemente descalificatorias de los agentes concretos del sistema de partidos y de ese propio sistema en sí. El cambio político cultural –que en el caso argentino resultó producto de la revolución neoconservadora–, en una mirada común sobre el mundo expandiéndose como una mancha de aceite sobre los dos grandes partidos y la nueva centroizquierda, generó una importante crisis de representatividad, afectando con fuerza sus respectivas identidades.

El renacimiento de la democracia en la Argentina, entonces, viene acompañado por este doble constreñimiento: el de políticas internacionales que, en el marco de un predominio del capital financiero, debilitaron –en algunos casos en forma extrema– la capacidad de los Estados en términos políticos y económicos; y, por otro lado e influenciado por esta situación –aunque existan otras particulares de la propia historia–, el debilitamiento del sistema político y de su capacidad de representación. Y es en ese contexto en el que hay que imaginar las situaciones problemáticas para la democracia.

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Y no es que en estos cuarenta años no hayan existido acciones de instituciones de la democracia dirigidas a lograr mayor autonomía en relación a distintos tipos de poderes. Uno de los desafíos más importantes fue el de saldar las cuentas con el terrorismo de Estado. Y ese desafío tuvo posibilidad de convertirse en un logro gracias a las características particulares de diversos luchadores de la sociedad civil: puntualmente, los movimientos de derechos humanos, que lograron volver los actos de terrorismo de Estado en una cuestión central de la sociedad argentina, y por la sensibilidad del gobierno de Raúl Alfonsín, que a su modo recoge el guante publicando el Nunca Más y habilitando el histórico Juicio a las Juntas.

Durante el gobierno de Alfonsín se gana en autonomía frente al poder militar y también, en algún sentido, frente a la Iglesia Católica. La experiencia del terrorismo de Estado y la divulgación de las metodologías empleadas producían una extraordinaria ilegitimidad de las fuerzas armadas y, asimismo, en la jerarquía católica que había acompañado a la dictadura. El Juicio a las Juntas y, en menor medida, la ley de divorcio indican algo del deterioro de esas instituciones y de un fortalecimiento del espacio de la política.

Sin lugar a dudas, aunque en los inicios del gobierno de Alfonsín se realizaron movimientos que parecían valorizar esa autonomía frente al poder económico, la fortaleza de los nuevos actores de la política –los organismos financieros internacionales– se hizo presente de modo terminante en el mundo político local y decididamente creó condiciones de heteronomía que luego se afianzarían en los dos gobiernos siguientes. Pero aun después de la extraordinaria hegemonía neoconservadora expresada con contundencia en los gobiernos de Menem y De la Rúa, hubo significativos desacomodamientos, inclusive en el marco de cambios económicos e institucionales establecidos.

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Porque es verdad que en el mundo dinámico de la política, más allá de situaciones de fuertes hegemonías culturales, de tanto en tanto hay momentos de desacomodamientos y, siempre, de filtraciones. Allí están, en el medio del predominio neoconservador, las poderosas experiencias disruptivas de algunos países latinoamericanos, y específicamente en el caso argentino, los gobiernos de los Kirchner, con gestos que parecían restituir parte de la autonomía perdida a la política en el escenario de una evidente debilidad estructural. Pero, claro, se hace de una manera particular, en que los aglutinamientos que permiten la obtención de fuerza política para realizar algunos movimientos, sin dudas potencialmente habilitados por las consecuencias desastrosas de las políticas neoliberales para amplios sectores de la población, se logran a través de un liderazgo sin partido. Es el liderazgo de Néstor Kirchner que en efecto también genera ciertos movimientos que parecen por momentos vitalizar una tradición, aunque no puede modificar un aspecto central de las transformaciones estructurales: la situación de extrema fragmentación del propio espacio.

La cuestión acerca de cómo se logra la autonomía del sistema político frente al mundo corporativo es una pregunta que en esta situación no deja de tener vigencia, y más todavía, quizás se torne decididamente relevante para imaginar el fortalecimiento de la democracia. No es menor porque las corporaciones se han convertido en actores de peso de la política real, habilitadas por un momento histórico particular en el que tanto las instituciones como los partidos políticos y los sindicatos, por distintas razones, se encuentran debilitados en extremo. Es una pregunta básica, al fin, para entender las luchas políticas densas. Y esto último no supone la competencia por la administración de un estado de cosas dado sino, en el sentido más fuerte, luchas por imponer principios de visión y división del mundo.

*El autor es sociólogo, exdirector de la carrera de Sociología de la UBA, miembro del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Su artículo fue publicado en el número Nº 6 de la revista Impresiones, de la Editorial de la Imprenta del Congreso de la Nación (ICN). La revista puede leerse y descargarse de forma libre y gratuita en https://icn.gob.ar/publicaciones, al igual que el resto de las publicaciones de la Editorial de la ICN.

Fuente: https://www.telam.com.ar/notas/202305/629472-politica-grupos-economicos-corporaciones-estado.html