Organismos de DDHH llamaron a «democratizar la justicia» a 45 años del último golpe – OmRadio.ar

Organismos de Derechos Humanos difundieron, a travs de las redes sociales y plataformas, un documento a 45 aos del ltimo golpe de Estado en el que llaman a «democratizar la justicia para construir la Patria de todos», y reclaman al Congreso nacional «sancionar leyes para acelerar las causas» por delitos de lesa humanidad.

«La cabeza misma de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin, Carlos Rosenkrantz, es un magistrado vinculado a ese poder, el Grupo Clarn. Es el juez que intent beneficiar a los genocidas con el 2×1 y el nico que no revirti su criterio despus de esa pretensin de impunidad que fue impedida por el pueblo a fuerza del Pauelazo nacional. A 45 aos del golpe genocida, exigimos democratizar el Poder Judicial para construir la Patria de todos», sealan los organismos en un documento ledo de forma coral por sus principales referentes.

De esta forma, Estela Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo Lnea Fundadora y Giselle Tupper de HIJOS Capital, entre otros, participaron de la lectura de este documento.

La nota lleva la adhesin de Abuelas de Plaza de Mayo – Madres de Plaza de Mayo Lnea Fundadora – Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Polticas – H.I.J.O.S. Capital – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza – Asociacin Buena Memoria – Comisin Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte – Familiares y Compaeros de los 12 de la Santa Cruz – Fundacin Memoria Histrica y Social Argentina – Liga Argentina por los Derechos Humanos – Movimiento Ecumnico por los Derechos Humanos.

«El Senado de la Nacin tiene otra deuda: la eleccin del nuevo o nueva Procuradora General. No es posible que al frente del Ministerio Pblico Fiscal, rol crucial en las investigaciones penales, se encuentre un procurador interino investigado por mal desempeo y partcipe del lawfare», remarcaron.

Tambin deploraron que a «45 aos del golpe genocida, la mayora de los condenados tiene prisin domiciliaria, un beneficio sin controles, o est en libertad por decisin de los jueces, pese a no haber completado sus condenas, sometiendo a sobrevivientes a la revictimizacin que implica la posibilidad de encontrarse con sus torturadores en cualquier momento», seala el texto en relacin al Poder Judicial.

«Este 24 de marzo no hemos convocado a la Plaza de Mayo por la gravedad de la situacin epidemiolgica. Queremos agradecer a todas las personas que en nuestro pas trabajaron incansablemente y lo siguen haciendo para cuidar la vida y la salud como derechos humanos primordiales», apunta en su primer prrafo este documento.

«Estos aos que pasaron nos encontraron luchando por Memoria, Verdad y Justicia. Pero seguimos necesitando toda la verdad, que se terminen los pactos de OmRadio.ar y los genocidas y partcipes digan dnde estn los miles de cuerpos desaparecidos. Madres, Abuelas, Familiares, padres, hijas e hijos, compaeras y compaeros, se han ido de esta vida sin saberlo, sin un lugar para llevarles una flor o hacer una despedida. Es un derecho de las familias y de todo el pueblo saber dnde estn y obtener justicia», sostuvieron.

«Hay en curso centenares de causas judiciales por delitos de lesa humanidad, pero muchos de los Juzgados y tribunales que las tienen a su cargo las dilatan y terminan garantizando as la impunidad de muchos de los responsables. Urge acelerar las causas»

Y en ese sentido agregaron: «Son 30.000 personas detenidas-desaparecidas que lucharon por una sociedad justa e inclusiva, la patria socialista, la patria justa, libre y soberana, la liberacin nacional y social. Desde militancias provenientes de distintas vertientes ideolgicas y polticas del campo popular, lucharon por transformar la realidad. No fueron indiferentes ante lo injusto».

«Una vez recuperada la democracia, en 1985 fueron juzgados los comandantes de las sucesivas Juntas Militares. Ms tarde, como pueblo resistimos a las leyes de impunidad y a los indultos. Luchamos por juicio y castigo en las calles, en los tribunales y cortes internacionales. A partir del 2003, cuando el presidente Nstor Kirchner impuls la nulidad de las leyes de impunidad y se reabrieron las causas, pudimos avanzar en el camino de la Justicia», sealaron.

Los organismos que firmaron esta declaracin destacaron la condena de ms de mil genocidas y «otros tantos estn siendo investigados y muchos llegarn a juicio. An resta por conocer una gran cantidad de informacin».

«La planificacin y ejecucin del genocidio fue posible porque existi la participacin de los sectores de poder concentrado, que fueron cmplices del sistema de terror, colaborando con el disciplinamiento social y encubriendo el plan de exterminio. La cpula de la Iglesia, los grupos econmicos, la corporacin judicial, la embajada de Estados Unidos fueron parte del accionar criminal del terrorismo de Estado. 45 aos despus, casi en su totalidad, siguen impunes», subrayaron.

En ese sentido, indicaron que «hay en curso centenares de causas judiciales por delitos de lesa humanidad, pero muchos de los Juzgados y tribunales que las tienen a su cargo las dilatan y terminan garantizando as la impunidad de muchos de los responsables. Urge acelerar las causas. Exigimos que la Cmara de Diputados apruebe la ley que ya tiene media sancin del Senado para que los juicios adquieran un ritmo mayor y acorde a los tiempos: el ciclo de la vida lo impone. Hoy, como ayer, queremos juicio y castigo para todos los culpables».

Y al respecto agregaron: «Por eso tambin exigimos que el Congreso ponga en funcionamiento la comisin bicameral para investigar la participacin empresarial en delitos de lesa humanidad».

«En nuestro pas -puntualizaron-, todava hay decenas de presas y presos polticos, vctimas del armado de causas, la persecucin y el encarcelamiento arbitrario e ilegal, proceso que instal el macrismo y que contina activo en sectores del Poder Judicial».

«Mientras no se democratice ese Poder, quienes cuestionen las polticas de hambre, saqueo y exclusin, quienes defiendan los derechos y la dignidad del pueblo, quedarn a merced de la persecucin y el lawfare. Una vez ms, exigimos la inmediata libertad y el desprocesamiento de militantes populares y perseguidos y perseguidas polticas. Y llamamos a acabar con esos ‘stanos de la democracia’ que, en connivencia con un sector de la prensa, hicieron del lawfare su mtodo para hacerse del poder en la Argentina y en Brasil, como casos ms emblemticos», enfatizaron.

En cuanto al expresidente Mauricio Macri, los organismos aseguraron que permiti «el retorno a escena a los negacionistas del genocidio, los defensores de la impunidad, los endeudadores seriales, los enemigos de la clase trabajadora. Pero este pueblo sabe de luchas y resistencia y en cuatro aos le dijo no al neoliberalismo. Pudo unirse y recuperar el control del sistema poltico».

Tambin reclamaron «la erradicacin de la violencia institucional» que es «otra de las deudas de la democracia», y llamaron a estar «alertas sobre la persistencia por dcadas de las peores prcticas en todas las Fuerzas de Seguridad».

«La Patria Grande, el sueo latinoamericano que comenz a construirse hace ms de 200 aos, y que sentimos florecer de la mano de estadistas como Nstor, Lula, Chvez, Cristina, Correa y Evo, sufri una fuerte derrota en los ltimos aos», puntualizaron.

Fuente: https://www.telam.com.ar/notas/202103/548570-organismos-de-ddhh-democratizar-justicia.html

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