Om Radio Noticias Paso 2021: La campaña ilegal del gobierno de la Ciudad | Trabajadoras del 147 revelan el uso de datos personales para mensajes proselitistas

Paso 2021: La campaña ilegal del gobierno de la Ciudad | Trabajadoras del 147 revelan el uso de datos personales para mensajes proselitistas

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Trabajadoras del call center contratado por el Gobierno de la Ciudad para atender la línea 147 –a cargo de la empresa GIV S.R.L., que llamativamente recibió hace unos meses una millonaria «ampliación del objeto de contrato»– denunciaron que fueron «obligadas a hacer campaña» para María Eugenia Vidal y Diego Santilli, utilizando datos personales recogidos en esa línea oficial, por trámites como los de vacunación. La denuncia apunta además a la precarización laboral que sufrían, con jornadas de 12 horas de trabajo y sueldos de 23 mil pesos. Página/12 había revelado que la Ciudad está usando información de turnos e hisopados para mensajes proselitistas, por Whats App y telefónicamente. Las denuncias de estas trabajadoras (hasta el momento seis iniciaron presentaciones legales, hay más en vías de hacerlo) coincide con las de vecinos y vecinas que vieron vulnerados sus datos personales, protegidos por ley. Según relataron a Página/12, la tarea consistía en «llamar a las personas de un listado y proponerles tomar un café con alguno de los candidatos. O preguntarles la intención de voto y si estaban interesados en conocer la propuesta del candidato». Quienes llamaban estaban ‘coucheados’ y tenían por escrito lo que debían decir en cada circunstancia. El listado indicaba entre otras cosas a qué barrio pertenecía cada persona. Pero si les preguntaban de dónde habían sacado los datos, debían decir que eran números marcados al azar en el caso de los celulares, o sacados de la guía si eran fijos. «Nos hacían llamar según la agenda de campaña. Si Vidal iba a estar el sábado en Chacarita, el jueves y el viernes llamábamos al listado de Chacarita para invitar a la reunión de vecinos. A los que aceptaban los cargábamos en una planilla que pasaba a otra área. Teníamos la obligación de dejar asentado también quiénes respondían que no», contaron. El contrato millonarioEn marzo de este año, el Gobierno porteño otorgó a la firma GIV S.R.L., de forma directa, una «ampliación del objeto de contrato» de 750 millones de pesos por encima de la licitación original, esto es, un 2400 por ciento de aumento. Semejante ampliación exponencial de los montos del contrato –y de la cantidad de operadores y horas de call center, según puede verse en el Boletín Oficial– se justificó oficialmente con la pandemia y la mayor cantidad de consultas que pasó a responder esta empresa. La denuncia de las trabajadoras –y las de los vecinos y vecinas que recibieron publicidad electoral desde los mismos contactos de vacunación– apuntan ahora a dar otra explicación a semejante erogación extra por parte del Estado. 
La denuncia»La empresa no paga horas extras, no respeta descansos, francos, feriados ni días de estudio. Y además pagan por hora de producción», detalla Tamara Rossi, quien lleva adelante la defensa de estas trabajadoras, desde la organización «Defensoría de Laburantes», que reúne abogades, trabajadores sociales, psicólogues, brindando asesorías en temas laborales. La precarización se perfecciona bajo la idea de «hora de producción»: las y los trabajadores ya no cobran por hora de trabajo, sino por el tiempo que se contabiliza con llamadas efectivamente realizadas: los minutos y segundos que cada uno está hablando por teléfono. Todo lo demás se descuenta del salario, desde el tiempo para ir al baño hasta los 30 segundos entre llamado y llamado, o si la persona a la que se llama no atiende. Así, la jornada legal de 6 horas para una tarea de atención telefónica al público (dado que se considera trabajo insalubre) se extienden en GIV S.R.L., según las denunciantes, hasta las 12 horas diarias. «En campaña» estaban trabajando de 9 a 21, para redondear un sueldo de 23 mil pesos. Es lo que siguen haciendo en esa oficina de Avenida Garay 170, en San Telmo, unos 120 trabajadores y trabajadoras –la mayoría mujeres, todas y todos muy jóvenes– que, según las denuncias, cumplen funciones para el servicio de la línea 147, y a la vez para la campaña del Pro en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Otra oficina funciona, a los mismos fines, en la calle San Martín, frente a Fallabella. La campaña ilegalEntre las denunciantes hay dos casos de contratación por parte de GIV SRL. Uno, quienes ya estaban trabajando para el 147 y fueron «pasadas» a cumplir tareas de campaña, sin informarles preciamente de qué se trataba. Y hay también trabajadoras que entraron después, especialmente para la campaña. En ambos casos con los mismos contratos (de los que no se entrregaba una copia ni se permitía sacar foto al momento de la firma), condiciones y paga. 
«Aproximadamente el 7 de agosto firmamos contrato para una campaña, aún no sabíamos de qué era. Desde entonces nunca nos dieron copia del contrato, decían que faltaba gente para firmar. En el contrato no decía cuantas horas trabajábamos, solo que ganábamos 23 mil pesos. Pero lo que ellos nos habían dicho al inicio eran 80 mil para los que trabajaban 12 horas, y 65 mil para los que trabajaban 10», relata a Página/12 una de las denunciantes que, como el resto de sus compañeras, pide no revelar su identidad. Dice que teme represalias, se siente enfrentada a una gran estructura que hacía y deshacía contra todo marco legal.   «Algunos que empezaron el 25 de julio, firmaron un contrato que decía que empezaron el 6 de agosto. Había espacios en blanco. No teníamos claro qué íbamos a hacer, pero aceptamos porque era trabajo, y estaba la promesa de seguir después en el 147», completa.
«En las llamadas no podíamos decir que eramos de un call center ni que estábamos trabajando, eramos del grupo de María Eugenia Vidal y Diego Santilli, teníamos que decir que estábamos en la casa de un compañero del equipo militando», narra otra. «Trabajamos cierto tiempo con todos los barrios. Uno o dos días llamábamos a Palermo, otro a Recoleta, otro a Villa Crespo y así. Nosotros sabíamos de dónde eran las personas que llamábamos pero no podíamos decirlo, teníamos que preguntar obligatoriamente el barrio, o el municipio cuando era en provincia, para Santilli).» Reclamo colectivoDesde la Defensoria de Laburantes iniciaron una convocatoria a las personas que vieron afectado su derecho a la protección de datos personales. «Si te escribieron o te llamaron y tenés dudas sobre cómo consiguieron tus datos, podés denunciarlo desde este link y colaborar con la denuncia que presentaremos la próxima semana aportando tu experiencia y pruebas», ofrecen en https://bit.ly/3t5VVNP. 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/365906-paso-2021-la-campana-ilegal-del-gobierno-de-la-ciudad

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