Antonia Urrejola, flamante titular de la CIDH
Un grupo de expresas polticas que denuncian haber sido vctimas de torturas sexuales durante la dictadura en Uruguay (1973-1985) present este jueves su caso ante la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las 28 mujeres interpusieron en 2011 una denuncia penal ante la justicia uruguaya por violencia sexual y violacin contra ms de 100 agresores, la mayora militares, en el contexto del perodo de facto.
Sin embargo, ante lo que consideran un casi nulo avance en diez aos de proceso, el grupo present su caso en una audiencia pblica de la CIDH, realizada por videoconferencia y en la que tambin participaron representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y del Estado uruguayo.
«Denunciamos a ms de 100 personas: oficiales, mdicos, psiclogos, personal de tropa, y solo uno de ellos fue procesado, no por torturas y violencia sexual, las cuales confes en el marco del proceso, sino por reiterados delitos de privacin de libertad», dijo Jacqueline Gurruchaga, una de las denunciantes.
Mara Noel Leoni, de la Cejil, subray que en 2011 Uruguay dej sin efecto la ley de amnista para los crmenes de la dictadura, conocida como Ley de Caducidad, pero «en los hechos la justicia sigue sin ser accesible», inform AFP.
«Segn la sociedad civil, ms del 70% de las aproximadamente 200 causas activas se encuentran en etapa inicial de presumario, incluyendo este caso. Existen condenas en solo unos 14 procesos y contra unas 30 personas. Y existen pedidos de procesamiento sin tramitar contra ms de 60 indagados», resumi.
«Como en otros lados, en Uruguay tambin la violencia sexual constituy un arma de guerra del Estado para humillar, castigar y violentar a las presas polticas», dijo.
Por su parte Marina Sande, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo, destac el valor de la audiencia «para la consecucin de justicia» y enfatiz que «el Estado uruguayo reconoce, condena y repudia los atroces y aberrantes crmenes y abusos cometidos durante el perodo dictatorial».
«Nuestro pas quiere dejar sentado su comprensin y solidaridad hacia las vctimas reconociendo el enorme dolor y sufrimiento que se les ha provocado», agreg.
De acuerdo a Sande, «Uruguay ha realizado y contina realizando todos los esfuerzos por lograr justicia y condenar a los perpetradores de tan terribles crmenes».
No obstante, la funcionaria reconoci la lentitud del proceso: «Somos conscientes de las falencias de la que adolece nuestro sistema judicial».
Pero seal que «el respeto por las normas y los procedimientos es lo que ocasiona las demoras (…) que muchas veces son utilizadas de modo dilatorio por la defensa de los acusados».