Hace dos meses y medio que el Gobierno patea la definición del reparto de las cuotas de pesca de merluza común para los próximos 15 años y en el sector hay alerta máxima ante la posibilidad de que el Gobierno avance en un proceso de licitación, como pretende el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Es que, en la última reunión del Consejo Federal Pesquero, su titular en representación del Gobierno, Juan Antonio López Cazorla, admitió que el Ejecutivo podría cambiar el sistema de cuotificación de la especie central para la cadena pesquera nacional.
Luego del escándalo por el pedido de coimas a empresarios que reveló en exclusiva LPO, la cuotificación de merluza común se aplazó cuatro veces.
Según consta en el acta de la última sesión, frente a la presión de las distintas cámaras y provincias del litoral marítimo para que haya una definición, López Cazorla no dio certezas pero sí dijo que la cuotificación del próximo periodo «podría ser por otro periodo de 15 años u otra alternativa a analizar».
En el sector, esa frase recrudeció los temores de un cambio drástico al sistema con el que se definió el reparto de cuotas del resto de las especies.
En el esquema vigente de reparto, las cuotas se distribuyen en base a criterios históricos, inversiones y generación de empleo de quienes ya operan.
Voces de la cadena consultadas por LPO señalaron que la versión que circula con más fuerza por estas horas tiene que ver con la posibilidad de que el Gobierno haga una prórroga de un año de la cuotificación que tendría que expirar el 31 de diciembre de este año.
Para las pesqueras esa prórroga no da certidumbres a la hora de pensar inversiones que, al menos, necesitan un horizonte de previsibilidad de una década. La principal inquietud frente a una prórroga anual, pasa porque, en ese lapso, se avance en licitar esas cuotas, tal como pretende Federico Sturzenegger.
Advierten parálisis de inversiones pesqueras si el Gobierno no define las cuota de merluza
Las provincias reclaman hace semanas que el CFP tome una decisión. «Hay una ley vigente, un mecanismo previsto en esa ley, está el trabajo técnico y es de aplicación a partir del 1 de enero de 2025, faltan dos meses. Toda la industria necesita tener la previsión de qué va a pasar ese 1 de enero, si van a poder salir a pescar o no», dijo a LPO el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez.
Al marcar que, desde el inicio del gobierno de Milei, hubo un «ataque directo al sector de la pesca» bajo la propuesta de la Ley Bases de eliminar la Ley Federal de Pesca, Rodríguez consideró que, ahí, se buscó «generar un mecanismo de licitaciones internacionales que entregaba los recursos al mejor postor sin la obligación de generar puestos de trabajo locales ni que las embarcaciones tengan bandera nacional ni desembarco en puertos locales».
Y agregó: «Sturzenegger, que fue la voz en estos temas, nunca modificó sus ideas, las sigue manteniendo de hecho. Hace poco tildó de ladrón a toda la cadena, es un verdadero desastre que un funcionario tenga ese tipo de actitudes y el temor que está acá es que, sin ley mediante, el Gobierno quiera generar una situación como la que propuso en diciembre».
