El CELS denunció penalmente a las máximas autoridades de la Secretaría de Inteligencia del Estado por implementar un plan que habilita el espionaje político, ideológico y social, en violación directa a la Ley de Inteligencia Nacional.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó una denuncia penal contra Sergio Neiffert, titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y Diego Kravetz, director general de Operaciones, por la aprobación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que, según advierte el organismo, habilita tareas de espionaje interno sobre actores sociales, políticos y culturales sin sustento legal ni control democrático.
La denuncia fue radicada por abuso de autoridad, en virtud de un plan y una orden secreta recientemente revelada que permiten a la SIDE “identificar y monitorear” a grupos sociales vulnerables, así como a figuras públicas capaces de influir en la opinión electoral. Este accionar contraviene abiertamente la Ley Nacional de Inteligencia (Nº 25.520), que prohíbe expresamente la recopilación de información sobre personas por motivos políticos, ideológicos o por su participación en actividades lícitas.
Espionaje sobre la conversación pública y voces críticas
Una de las aristas más preocupantes del PIN es su interés en la “conversación pública”, incluyendo lo que se expresa en medios de comunicación y redes sociales. Según el plan, pueden ser objeto de vigilancia quienes formulen críticas que “promuevan la conflictividad” o “erosionen la confianza en las instituciones económicas” y la “reputación de empresas”.
“Es una política de inteligencia que amplía peligrosamente el concepto de amenaza, instalando un criterio vago y discrecional que puede incluir desde periodistas y artistas hasta académicos y organizaciones sociales”, advirtió el CELS. “La SIDE pasaría a definir, sin controles externos, quién representa un riesgo para la seguridad nacional”.
Represión ideológica y criminalización del disenso
El plan, según detalla la denuncia, permite vigilar expresiones y movilizaciones sociales bajo la sospecha de radicalización o potenciales impactos negativos en la defensa nacional. Esta lógica, remarca el CELS, podría derivar en la persecución de organizaciones de derechos humanos, activistas ambientales, comunidades indígenas, e incluso en el espionaje sobre actores internacionales vinculados a la protección del ambiente y los derechos humanos.
En uno de los fragmentos más alarmantes del PIN, se amplía el concepto de terrorismo al punto de considerar como amenazas a grupos anarquistas o movimientos que promuevan la “fragmentación social”, conceptos deliberadamente ambiguos que habilitarían un uso político y represivo del aparato de inteligencia.
Espionaje ambiental y extractivismo
Otro de los objetivos específicos del PIN apunta a la conflictividad socioambiental, habilitando el seguimiento de pueblos originarios, activistas ecológicos y cualquier actor que se oponga a proyectos extractivos. Incluso, el monitoreo se extiende a organismos internacionales que intervengan ante emergencias climáticas o la degradación ambiental, tildándolos de adversos al interés nacional.
Rechazo y exigencia de rendición de cuentas
Aunque el Gobierno nacional emitió un escueto comunicado negando estas intenciones, la denuncia del CELS sostiene que el Estado está habilitando el espionaje interno a través de un marco legal opaco y discrecional.
“Se están desplegando tareas de seguimiento, monitoreo, búsqueda y acopio de información sobre personas y grupos por razones puramente políticas. Es ilegal, atenta contra los derechos fundamentales y debe tener consecuencias”, concluyó el CELS, que pidió además medidas de prueba para determinar si ya se realizaron acciones concretas en el marco de este plan secreto.
La presentación judicial busca frenar una peligrosa deriva autoritaria en el uso de los organismos de inteligencia, y representa un nuevo llamado de alerta sobre el deterioro de las garantías democráticas en el país.