Ponerle nombre al dolor: el debate por la incorporación de la violencia vicaria en la agenda legislativa
La violencia contra las mujeres y las infancias volvió a situarse en el centro del debate parlamentario nacional. En la Cámara de Diputados de la Nación, se llevaron a cabo reuniones conjuntas entre la Comisión de Niñez y la Comisión de Mujeres para tratar una modificación fundamental: la incorporación de la figura de “violencia vicaria” dentro de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Esta modalidad se define como aquella que se ejerce sobre una mujer a través de interpósitas personas. El agresor deposita la violencia —muchas veces de forma extrema— sobre el entorno inmediato de la víctima, utilizando a los hijos en común o a familiares para perpetuar el daño psicológico y emocional.
En los casos más dramáticos, este flagelo escala hacia el femicidio de madres, hermanas o los propios niños. El único objetivo es destruir la vida de la mujer, quien muchas veces es dejada con vida por el victimario para que cargue con el sufrimiento de esa destrucción.
En el ámbito cultural y jurídico suele afirmarse que aquello que carece de nombre permanece invisible. Bajo esta premisa, la urgencia de tipificar penal y conceptualmente la violencia vicaria cobra un valor central. Esto permite ofrecer herramientas precisas a la Justicia y aplicar las penas correspondientes con la connotación y el agravante que estos crímenes de odio ameritan.
El debate contó con el aporte de figuras con recorrido parlamentario en la materia, como la legisladora Mónica Macha, quien acompañó las primeras reuniones informativas aportando su experiencia técnica. Ella, en su momento, fue presidenta de la Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputados.
La Ley 26.485 ha sido históricamente catalogada como una norma de avanzada y sumamente plural por su carácter participativo y su capacidad de articularse con otras normativas, como las de protección de las infancias. Sin embargo, la persistencia y mutación de las violencias obligan a una actualización constante del marco normativo.
Lejos de tratarse de hechos aislados, los analistas y militantes enfatizan que los agresores son sujetos moldeados por un sistema estructural de carácter patriarcal.
Desmontar estas prácticas discursivas y culturales lleva tiempo, y las estadísticas demuestran que la mera existencia de la figura de femicidio no ha logrado por sí sola disminuir los índices diarios de asesinatos de mujeres en el país.
La violencia no distingue códigos postales ni clases sociales: atraviesa de igual manera a los sectores más vulnerables de las villas de emergencia como a las realidades de los countries más exclusivos. Frente a un panorama tan complejo, las redes de contención comunitaria creadas por la militancia social, los partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales han demostrado ser, en muchos casos, los únicos dispositivos capaces de preservar la vida de las víctimas allí donde las alertas tempranas fallan.
La discusión legislativa también sirve como un freno frente a discursos regresivos que intentan legislar basándose en el mito de las “falsas denuncias”, impulsado por sectores vinculados a la legisladora de apellido Lozada. Las especialistas demuestran que los casos de denuncias infundadas son absolutamente marginales y representan una mínima excepción.
El propio sistema judicial ya cuenta con mecanismos específicos para detectar y sancionar el falso testimonio. Armar contrarreformas en base a excepciones debilita el arduo camino que ha recorrido el Poder Judicial para comenzar a tomar en serio la voz de las mujeres, las diversidades y las infancias.
Detrás de cada femicidio o hecho de violencia vicaria, existe una infancia que queda en un estado absoluto de desprotección primaria. Con la madre ausente o asesinada, y el agresor preso, los niños se convierten en las víctimas invisibles del conflicto, quedando a la buena de familias extendidas que no siempre existen.
Es allí donde el Estado debe comparecer de manera urgente con políticas públicas articuladas. Estas deben servir de salvaguarda y protección para aquellos entornos que han sido arrasados por el odio y la violencia estructural.