La comunidad de Punilla atraviesa horas de dolor e indignación tras la muerte de Samuel Tobares, un joven vecino cuyo asesinato vuelve a poner bajo la lupa el accionar de la fuerza policial en Córdoba.
La noticia, que sacudió a familiares, amigos y organizaciones del territorio, reaviva un reclamo histórico: el derecho a circular libremente sin ser blanco de controles arbitrarios, hostigamiento o violencia por parte de quienes deben garantizar seguridad.
Samuel era un hijo, un hermano, un trabajador, un vecino querido. Su ausencia deja un vacío imposible de reparar, pero también una herida colectiva que moviliza a distintos sectores sociales. Según afirmaron en Radio Cantina, las organizaciones firmantes de un reciente comunicado expresaron su profundo rechazo a los procedimientos policiales que, amparados en “instintos” o criterios discrecionales, habilitan golpes, agresiones o detenciones sin fundamentos reales.
El texto denuncia que estas prácticas, lejos de responder a protocolos legítimos, están cargadas de arbitrariedad y discriminación. La llamada “violencia institucional”, advierten, produce miedo, dolor y destruye la confianza entre la ciudadanía y las instituciones democráticas. En este caso, la fuerza policial de Córdoba y de Punilla quedó nuevamente sospechada no sólo de abuso de autoridad, sino de haber sido ejecutora directa de un crimen que se suma a una lista que crece año tras año.
La muerte de Samuel Tobares se inscribe en una problemática que distintas organizaciones llevan años señalando: los vacíos legales y zonas grises en la normativa permiten justificar intervenciones violentas bajo la excusa de la sospecha. “No podemos quedarnos en silencio”, señalaron quienes impulsan el pedido de justicia, remarcando que ninguna investigación puede estar sometida a presiones políticas o jerárquicas.
El reclamo es claro: una investigación independiente, protección para los testigos que declararon lo que vieron y un pronunciamiento contundente del gobierno provincial en defensa de la vida de los ciudadanos, por encima de los intereses corporativos de sus fuerzas. También exigen que caiga “todo el peso de la justicia” sobre quienes resulten responsables de la muerte de Samuel.
En Punilla falta un joven. Falta Samuel. Y su nombre se suma al de tantas otras víctimas que exponen una problemática estructural cuya gravedad ya no puede minimizarse. Mientras tanto, la comunidad sigue exigiendo lo que debería ser un piso básico en cualquier democracia: respeto, garantías y el derecho a vivir sin miedo.
La violencia institucional mata. Y la sociedad cordobesa lo vuelve a gritar.