El gobierno sancionó el DNU 942 que modifica la Ley General de Reconocimiento y Protección, una iniciativa que le quita respaldo a quienes cuentan con asilo y cometieron delitos graves. La nueva disposición contempla que la Comisión Nacional de Refugiados, que decide sobre todos los casos de solicitud de asilo y refugio, pase a la órbita del ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.
Una fuente que conoce de cerca a la Conare explicó a LPO que «el DNU 942 contiene elementos que recuerda el espíritu del DNU 70/17 de Migraciones, derogado por la anterior administración, luego de ser declarado inconstitucional por la justicia».
La Corte de Brasil ordena la extradición de los prófugos bolsonaristas y agrega presión sobre Milei
«El DNU 942 sostiene acertadamente que en los últimos años se han multiplicado las solicitudes manifiestamente infundadas pero omite decir que es un fenómeno que se observa en todo el continente americano y que todo el mundo especializado en estos temas lo sabe perfectamente», agrega.
Esta fuente plantea que «usa referencias numéricas porcentuales y no nominales porque en Argentina (a diferencia de otros países) los incrementos son muy bajos y confunde el hecho de que las demoras en la resolución de casos, sea en sede administrativa o judicial, es consecuencia directa de falta de recursos y capacidades».
La intención del gobierno es darle a Bullrich el poder de decisión sobre los casos que maneja la Conare y que sea la cara visible de la pelea contra el crimen trasnacional en la Triple Frontera y otros países de la región. Por eso, disminuye los plazos recursivos, un hecho que en su momento fue considerado violatorio del debido proceso y que configuró la razón por la cual posteriormente declarado inconstitucional .
El DNU hace mención a atentados terroristas y organizaciones que pasaron a integrar el Registro de Personas y Organizaciones Terroristas (Repet), los compromisos del Estado argentino en materia de lavado y lucha contra el Delito Organizado Trasnacional.
Patricia Bullrich.
«El escenario regional e internacional en materia de movilidad humana es muy inestable y sumamente critico, por supuesto que las normas requieren de seguimiento y ajuste permanente, así como de sucesivas medidas complementarias. Pero lo que hay aquí es una ruptura comprobable con la política de asilo en Argentina tal como se la conoce hasta hoy, que saca el foco de la protección de las personas obligadas a desplazarse forzosamente para ponerlo en la seguridad del Estado y la lucha contra el DOT», insiste la fuente.
Todo este cambio se da en medio de tres casos importantes que están siendo analizados por la Conare. El Clan Villalba, a los que el gobierno les retiró el estatus de refugiados a los hermanos José Mariano, María Rosa, Myrian Viviana y Tania Tamara Villalba, hermanos de Carmen Vilalba e integrantes del grupo guerrillero autoproclamado Ejército de Pueblo Paraguayo (EPP), el ex guerrillero chileno Galvarino Sergio Apablaza y los bolsonaristas prófugos por intentar un golpe de estado contra Lula que con estos cambios podrían ser extraditados.
El caso brasileño, como adelantó LPO, Bolsonaro presiona a Milei para les otorgue el asilo y la Corte Suprema de Justicia de Brasil determinó la extradición de los bolsonaristas prófugos que alcanza a más de 60 condenados.
«Todos los considerandos son lucha contra el delito organizado transnacional, habla de Hamas, Hezbollah y los atentados. Vos cuando en un instrumento que dictás administrativo, los considerandos son todas las razones que vos esgrimir para la parte resolutiva. Acá lo que quieren es hacerlo más rápido», apunta la fuente.
Por último, esta fuente que conoce de cerca los procesos de pedido de asilo asegura que el cambio podría incluir «el tema de los brasileños pero con seguridad está orientado en el caso del chileno Apablaza que está en segunda instancia de sede judicial de la cesación del estatuto que hizo el gobierno de Macri por perdido de Patricia Bullrich». «Hay una constante que se identifica obsesionada de Bullrich con el tema de Apablaza», remarca.
Otra de las lecturas está relacionada con el alineamiento internacional del gobierno con Estados Unidos e Israel y su pelea con Hamas y Hezbolá. La semana pasada, el gobierno recibió al subsecretario para Asuntos Internacionales de Narcóticos, Todd D. Robinson, a quien le propusieron instalar en Argentina un centro de inteligencia regional contra las drogas sintéticas
Fuente: LaPoliticaOnline.com