El juez federal Ernesto Kreplak decidió apartar al Ministerio de Salud de la Nación como querellante en la causa que investiga la distribución de fentanilo contaminado y, al mismo tiempo, ordenó la detención de los dueños y directivos de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo.
La medida responde a que la Justicia indagará sobre las posibles responsabilidades del propio organismo en los controles sanitarios, que se encuentran bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Según explicó el magistrado, la información reunida hasta el momento genera sospechas suficientes para investigar “omisiones y/o connivencias que pudieran existir en los órganos de control” estatales.
En ese sentido, Kreplak remarcó que no resulta compatible que el Ministerio de Salud continúe como parte acusadora en una causa donde podría tener responsabilidad directa. “No puede ignorarse la posible existencia de intereses encontrados en torno al rol que funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional pudieran eventualmente detentar en el proceso”, señaló en la resolución judicial.
Asimismo, el juez enfatizó que el “genérico interés por la salud pública” esgrimido por la cartera sanitaria no resulta un argumento suficiente para mantener su rol de querellante, especialmente cuando otros organismos como el Ministerio Público Fiscal ya intervienen en defensa del interés general de la sociedad.
Tal como informó Vanesa Petrillo en Ámbito, la investigación avanza sobre un doble frente: por un lado, en la responsabilidad penal de los laboratorios involucrados, y por otro, en las posibles falencias de control por parte del Estado que permitieron la circulación de sustancias adulteradas con consecuencias graves para la salud pública.