El Juzgado de Garantías N°4 de Mar del Plata hizo lugar a un habeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en el que se denunciaban graves abusos cometidos por el Cuerpo de Patrulla Municipal que depende del intendente Guillermo Montenegro.
Según afirma Página 12, en el expediente se recopilaron testimonios de personas en situación de calle que relataron episodios de violencia física, amenazas y hasta la sustracción de pertenencias por parte del grupo de patrullaje impulsado por el jefe comunal de General Pueyrredón.
Uno de los relatos más contundentes es el de Martín, quien declaró:
“Nos tiraron al piso, nos empezaron a decir que ya nos habían avisado que no podíamos estar ahí. Empezaron a golpearnos cada vez más y después nos dijeron que por gil tenía que dejar mis zapatillas, y me sacaron las zapatillas y el buzo. Esa vez yo después me tuve que ir descalzo a buscar otro lugar a donde ir. Antes de que nos fuéramos del cajero, nos sacaron a correr, agarraron a mi hermano entre cuatro municipales y le pegaron en las costillas.”
Según supo Página 12, el juez Juan Tapia resolvió aceptar el recurso presentado por la CPM —organismo encabezado por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel— y dictaminó que el Municipio debe abstenerse de realizar operativos contra personas en situación de calle que impliquen violencia física o verbal, así como también la retención de documentos o pertenencias personales.
La resolución judicial pone el foco en la protección de los derechos fundamentales de las personas más vulnerables y remarca que las acciones del cuerpo de patrulla vulneran múltiples normativas, incluyendo la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la Constitución Nacional, entre otras.
El fallo advierte sobre la necesidad de “resguardar el derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la libertad y la dignidad del colectivo vulnerable que ha sido objeto de la presente acción”, según consigna Buenos Aires/12, el portal local de Página 12.
Esta medida representa un límite legal a las políticas de “mano dura” promovidas desde las redes sociales por Montenegro, donde suele exhibir operativos contra personas que duermen en la vía pública o trabajan como cuidacoches.