La Cámara Federal de San Martín ordenó la excarcelación de Eva Mieri, concejala de Quilmes, y redujo significativamente la caución impuesta a Alexia Abaigar, militante de La Cámpora y funcionaria del Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, quien también quedó en libertad.
Ambas habían sido detenidas en el marco de una causa que sus abogados califican como “armada” y motivada políticamente.
Mieri estuvo 13 días alojada en el Penal de Máxima Seguridad de Ezeiza, mientras que Abaigar llevaba 22 días detenida, los primeros 10 también en Ezeiza, y luego bajo arresto domiciliario, debido a que la jueza federal Sandra Arroyo Salgado le había impuesto una caución de 30 millones de pesos. La Cámara consideró desproporcionado ese monto y lo redujo a 2 millones, lo que permitió que ambas recuperaran su libertad.
Desde diversos espacios políticos, sociales y de derechos humanos se cuestionó duramente la actuación de la jueza Arroyo Salgado, a quien acusan de encabezar una persecución judicial contra referentes vinculadas al kirchnerismo. La magistrada ya fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura por estas actuaciones.
“Entendemos que Arroyo Salgado actuó fuera de la ley”, denunció el abogado Daniel Llermanos, defensor de Abaigar junto a Adrián Albor. “Pedimos que se investigue qué funcionarios entregaron a periodistas como Majul y Wiñazki material reservado bajo secreto de sumario. Esta causa la defendimos a ciegas, sin acceso ni siquiera al expediente”, agregó.
Ambas militantes celebraron su libertad el martes por la noche. Mieri fue recibida a la salida del penal por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y otras compañeras, mientras que Abaigar compartió una cena con su familia, amistades y abogados.
Ahora los equipos legales de ambas apuntan a pedir la nulidad de todo lo actuado y a que se investigue el manejo de la causa. “Todo es un hecho impropio: desde la imputación hasta el traslado encadenada, la prisión y la caución. Reiteramos: los acusadores pasarán a ser acusados”, advirtió Llermanos.
La causa sigue bajo secreto de sumario, recientemente prorrogado por diez días, mientras crecen las críticas al rol del Poder Judicial en este caso, y a lo que muchos interpretan como un preocupante avance sobre las garantías del Estado de derecho.