La Corte Suprema de Santa Fe cambió el enfoque penal de un caso en el que un policía mató a dos asaltantes y que le valió una condena a 25 años de prisión. El tribunal máximo entendió que hubo un error en la consideración del hecho, que llevó a dos tribunales distintos a dictar idéntica sentencia, anuló el fallo condenatorio y ordenó emitir uno nuevo.
Es un caso complejo, propenso a las suspicacias y a las simplificaciones fáciles. Si quedó sujeto a la polémica es porque el gobernador Maximiliano Pullaro lo convirtió en un caso testigo de una idea política en torno al respaldo de la actuación de las fuerzas de seguridad, y porque siempre consideró arbitraria la condena. A tal punto que estaba dispuesto a propiciar un indulto para el uniformado si la Corte Suprema terminaba por cerrar el caso tal como venía.
Pullaro habló de este incidente penal en su discurso inaugural como gobernador ante la Legislatura de Santa Fe. Lo hizo para señalar que el accionar del policía había sido objeto de una lectura equivocada de sus juzgadores. En el marco de una crisis muy fuerte de seguridad sostuvo que un uniformado tenía un arma en la cintura para usarla, que impulsaría juicios por jurados para que ciudadanos comunes y no jueces resolvieran el destino de efectivos juzgados.
Once meses después de pronunciar este potente mensaje político la Corte Suprema de Justicia da a Pullaro la salida que esperaba. Lo hace cuando los miembros del máximo tribunal, exactamente los cinco que votaron en favor de la revisión del fallo, fueron objeto del reclamo público del gobierno para dejar sus cargos en medio de un caldeado debate. Dos de estos ministros ya anunciaron que se marchan en breve. Los tres restantes se aferran a sus cargos. El análisis se impuso de modo automático. ¿Fue un guiño de los resistentes para quedarse? Difícil simplificar. También son personas de perfil conservador. Y el caso analizado está cargado de detalles que relativizan y ponen matices a la idea de que se trató sin más de una ejecución sumaria.
Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad de Santa Fe
En mayo de 2019 Luciano Nocelli, policía del Comando Radioeléctrico de Rosario, les disparó a Jimena Gramajo y Maximiliano Rosasco tras un intento de robo a una mujer a metros de un parque. Las defensas señalaron que Nocelli intervino en el transcurso de un delito en el que incluso uno de los delincuentes atacó a balazos a otro policía, lo que fue probado. La fiscalía sostuvo que la acción de Nocelli fue a quemarropa y cuando los asaltantes ya estaban neutralizados, lo que la convertía en un doble homicidio agravado.
«No es Chocobar»
Dos tribunales condenaron a Nocelli a 25 años de prisión. Pero el procurador de la Corte, en junio de este año, cuestionó a requerimiento de la defensa la constitucionalidad de ese fallo. Indicó que Nocelli desplegó una acción en 14 segundos donde habían baleado a su compañero. Y que se encontraba en el piso, en una perspectiva muy distinta al panorama que da una cámara de vigilancia, situada a tres metros de altura. «Este no es el caso Chocobar, donde el agresor se iba y es baleado de espaldas. Acá el policía reacciona desde el piso en una secuencia muy rápida cuando no puede saber si los que tiraban, aunque hubieran cesado, seguirían tirando», le dijo hace cuatro meses a LPO.
La Corte provincial ahora refrenda por 5 votos a 0 esa posición. El primer voto justificatorio es de Roberto Falistocco, uno de los ministros invitados a irse, que acaba de tomar la presidencia del alto tribunal por todo un año. Falistocco dice que los jueces previos hicieron una lectura equivocada de la situación de peligro en la que se encontraba el policía en base a una «restrictiva y fraccionada ponderación de los elementos» de prueba del caso.
La ministra María Angélica Gastaldi resume con más contundencia esa posición. Ella afirmó que los jueces le exigen al policía juzgado, en un hecho que transcurre en un total de 14 segundos, «una capacidad de respuesta que solo encuentra asidero desde la abstracción jurídica», y no desde la persona que se encuentra en la dinámica de un hecho vertiginoso, donde además los asaltantes habían disparado.
Patricia Bullrich junto a Chocobar
Es en realidad un hecho muy difícil. Un policía que actúa en una acción donde le dispararon a un camarada, que responde en un momento de altísima adrenalina mientras los agresores están en el piso con lo que hay dificultades para observarlos. Contra esto los fiscales exhiben lo que se vio claramente: una ejecución filmada. Y un policía que estaba con Nocelli que dice al tribunal no entender por qué su colega mató a la mujer cuando ya no mediaba peligro.
El ministro de Seguridad Pablo Cococcioni dijo esta mañana que el fallo de la Corte pone lógica a la situación. «Cuando del otro lado hay un atacante armado, casi que estamos en una situación extrema, nosotros no podemos hacer que el policía dude», le dijo a Radio Dos. «Sé que es antipático decirlo, en algunas situaciones extremas es la vida del delincuente o la tuya. No podemos ser timoratos como Estado, primero está la vida del policía y la vida del ciudadano a proteger. Si usted sale con un arma a la calle, usted tiene que considerar que tal vez el otro tenga la misma ocurrencia y lo mate a usted».
En el voto del ministro de la Corte Eduardo Spuler está contenido el criterio de cómo seguir en el tribunal que deba emitir nueva sentencia. Se trata de ver si la conducta del policía «fue alcanzada por una causal de justificación o desviada en su intensidad y por ende, merecedora de un reproche aminorado». Esto último, marcado por Spuler en el artículo 35 del Código Penal, es lo que puede pasar con el caso. Que los nuevos jueces condenen por un exceso en la legítima defensa, como un hecho culposo que ponga fin al encierro de Nocelli.
Prisión preventiva, en este caso no
El ministro Cococcioni sostuvo a propósito de esto que le resultaba preocupante que una persona que todavía se encontraba en prisión preventiva estuviera tras las rejas. «Lo urgente que estamos instando como gobierno es que mientras dure la revisión del caso pueda transitar esta etapa en libertad, como cualquier otro imputado estaría. Nadie está cinco años y medio en prisión preventiva, es excesivo y violatorio de todos los plazos legales, ya debería estar en libertad».
[El procurador avala el plan de Pullaro para empoderar a la Policía]
Es un punto de debate sinuoso. En Santa Fe es muy larga la lista de condenados en primera instancia por homicidio que formalmente están en prisión preventiva ya que no agotaron sus recursos de queja. «¿La flexibilidad sería para todos o solamente para los casos escogidos por una selectividad definida caso a caso?», se preguntó esta mañana un penalista en el Centro de Justicia de Rosario.
Cuando Pullaro habló del caso Nasello el día de su asunción faltaban 20 días para completar un año con 290 homicidios en Rosario. Una situación extremadamente difícil: fuerzas de seguridad desestructuradas y sin mando, prisiones comandadas por presos de alto perfil que gobernaban la calle, ausencia de coordinación entre provincia y nación en políticas de seguridad.
Casi un año después es concebible que Rosario termine el año con menos de 100 homicidios, algo que no pasa desde 2006, cuando hubo 89. Es un logro inesperado, notable y valioso en una ciudad que llevaba doce años consecutivos de una escalada pavorosa de delitos de sangre. El gobierno de Pullaro logró en este tiempo medidas completamente excepcionales ratificadas legalmente. Excepciones propias de alegadas situaciones de excepción, que en este caso fue la crisis persistente e innegable de seguridad pública.
Con medidas avaladas por la Legislatura Pullaro consiguió controlar las cárceles, garantizar un patrullaje con una visibilidad urbana que no se daba hace una década, bajar los delitos de alta lesividad y restituir en Rosario una calma relativa, la de una urbe que supera el millón de habitantes, que tiene reconocimiento.
Para eso propusieron cambios públicamente defendidos pero también polémicos. Como mantener hasta 30 días a un detenido, bajo ciertos requisitos, sin presentarlo ante un juez. O llevar detenidas a personas, en general con criterios denunciados de alta selectividad, por no contar con DNI encima. También designar para una Cámara de Ejecución Penal a magistrados por afinidad ideológica con argumentos definidos de manera pública. Asimismo realizaron acuerdos con el Ministerio Público de la Acusación para no brindar información sensible como en el caso de ocho penitenciarios imputados por apremios ilegales, luego de la balacera a dos colectivos de guardiacárceles, tras una denuncia por torturas del Servicio Público de Defensa.
El gobierno santafesino tiene una intención transparente que es dar un mensaje público. En el caso de Nocelli fue una defensa por una condena que genuinamente creyó injusta. Pero que es al mismo tiempo un aviso de empoderamiento al accionar de la policía a la que invita, dentro de la legalidad, a usar el arma que lleva en la cintura.
Una policía hecha de paradojas. Nocelli enfrentaba a los dos asaltantes de una mujer en moto en un delito común contra la propiedad. Pero la delincuencia que implicó el alza de los delitos graves remotamente se enfrentó con la policía en el último decenio. En Rosario hasta fines de 2023 el 70 por ciento de los hechos de alta lesividad provinieron de actores de economías delictivas o grupos criminales. No había policías en enfrentamientos, por ejemplo, con personas del mercado urbano de drogas.
Pullaro tuvo la capacidad política de avanzar en capítulos audaces, no exento de controversia fuerte, en el campo de la seguridad. Y consigue resultados que lo avalan en un campo donde no abundan éxitos para exhibir. Con el fallo de la Corte Suprema que anula la condena al policía Nocelli recibe otra ratificación de un poder con el que está ostensiblemente enfrentado. Se salva también de un indulto imposible. La Constitución provincial prohíbe indultar o conmutar penas en delitos de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
