El domingo a última hora, Martín Llaryora informó que postulará para ocupar una poltrona del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba a Jessica Valentini, quien desde que el actual gobernador llegó a la Municipalidad de Córdoba tiene a su cargo la Oficialía Mayor de la Ciudad de Córdoba, un órgano clave en los actos administrativos del Estado.
Valentini desembarcó en llaryorismo con un fuerte pasado radical: militó en Renovación y Cambio, participó activamente de internas radicales y ocupó en carácter interino la Defensoría del Pueblo de Córdoba durante la gestión del caudillo radical de Bell Ville Nelson Filippi. Luego, ya con Llaryora en la Municipalidad de Córdoba, fue su funcionaria.
Valentini no tiene en su CV logros académicos que sobresalgan: fue «adscripta» en cátedras y no cuenta en su producción con publicaciones. Tampoco fue profesora titular de ninguna cátedra. Está lejos de ser una jurista, lo que presupone un golpe en el mentón a la «docta». Sus principales activos son la confianza de Llaryora en ella y su pasado de militante radical, que la pone como otro caso del «partido cordobés».
Así, Llaryora pone a su primer delfín en la Corte cordobesa. Antes de dejar el poder, Juan Schiaretti logró designar como miembro del Tribunal Superior de Justicia a su exministro Luis Angulo.
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No son los únicos exfuncionarios que llegan al máximo tribunal judicial. También integra el Alto Tribunal cordobés Marta Cáceres de Bolatti, que además de funcionaria fue dirigente del PJ y hasta candidata.
En la misma jugada para comenzar a diseñar el Poder Judicial que viene, Llaryora liberó una silla en la Procuración General (Fiscalía General). Designó a Pablo Bustos Fierro, actual fiscal General adjunto, para liderar el flamante Ministerio Público de la Defensa. De esta forma se asegura un lugar propio en la Fiscalía General, territorio donde el peronismo disputa sus sórdidas internas.
El fiscal General es Juan Manuel Delgado, con pasado en la empresa desarrollista Edisur y como funcionario del Ejecutivo con Juan Schiaretti. Su mandato vence en 2026, es decir un año antes que el de Llaryora, por lo cual el gobernador será el responsable de designar al próximo jefe de los fiscales.
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Cuando se concrete la salida de Bustos Fierro (hijo del famoso juez federal, ya jubilado, que habilitó la re reeleción de Carlos Menem) quedarán tres fiscales generales adjuntos: Héctor David, ex secretario de Justicia de José Manuel de la Sota, quien tras el deceso de su mentor se quedó sin jefe en el PJ; José Gómez Demmel, propuesto y vinculado al schiarettismo; y Bettina Croppi, quien llegó a lo alto de la Procuración de la mano de Alejandra Vigo, aunque, a diferencia del fiscal general y de los dos últimos Adjuntos mencionados, tiene una larga trayectoria en la Justicia provincial.
Por ahora, Llaryora no reveló a quién enviará a ocupar esa cuarta silla en la Fiscalía General, pero el mecanismo para sentar a alguien de su confianza está en marcha.
