Julia Mengolini, periodista y conductora de Futurock, denunció haber sido víctima de una campaña de difamación en redes sociales, en la que se utilizaron herramientas de inteligencia artificial para fabricar contenido falso con el objetivo de atacarla públicamente. La maniobra incluyó videos manipulados y una supuesta carta documento falsificada, en la que se le atribuían hechos de contenido sexual con un familiar, lo que fue rotundamente desmentido por la comunicadora.
La campaña se originó en cuentas vinculadas al espacio libertario, y rápidamente tomó volumen tras ser replicada por una diputada nacional del oficialismo. La situación escaló aún más cuando el propio presidente Javier Milei se sumó a la difusión del contenido desde su cuenta personal en la red social X, señalando que Mengolini no tenía derecho a quejarse por el ataque, aludiendo a sus opiniones críticas previas sobre el gobierno.
Mengolini expresó su angustia al aire durante su programa radial, donde entre lágrimas sostuvo que no podía tolerar la magnitud de los ataques recibidos. En ese contexto, anticipó que evalúa recurrir a la Justicia y pidió asesoramiento legal sobre cómo proceder frente a la difusión de contenido apócrifo fabricado con inteligencia artificial.
Distintos sectores del periodismo y del sindicalismo expresaron su solidaridad con la conductora. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) emitió un comunicado denunciando una operación de hostigamiento que, según el gremio, busca disciplinar al periodismo que cuestiona el rumbo del gobierno nacional. También destacaron que la utilización de tecnologías como la inteligencia artificial con fines de difamación representa un peligro para la libertad de expresión.
Referentes de la comunicación, la política y el ámbito académico repudiaron lo ocurrido y advirtieron sobre el daño que generan este tipo de campañas en la vida personal y profesional de las personas, así como en la calidad del debate democrático. El caso volvió a poner en el centro de la escena la necesidad de establecer límites claros frente al uso de nuevas tecnologías para la manipulación de la información y los discursos de odio.
La situación continúa generando repercusiones y abre un debate sobre el rol de los funcionarios públicos en la circulación de información falsa, el uso responsable de las redes sociales y la protección de las víctimas frente a estas nuevas formas de violencia digital.