A quince meses de que la Justicia bonaerense solicitara el desafuero de la senadora radical Flavia Delmonte, acusada de liderar una red de “ñoquis” y prestanombres en el Senado provincial, el avance de la causa continúa frenado por la inacción del cuerpo legislativo. Sin embargo, la Fiscalía decidió no quedarse de brazos cruzados: mientras espera que Delmonte pierda los fueros en diciembre, su principal asesor, Kevin Alan Razimoff, podría enfrentar un juicio oral por su rol en el desvío de fondos públicos.
La información fue revelada por el periodista Hugo Alconada Mon en una detallada investigación publicada por La Nación, donde da cuenta de cómo el fiscal Mario Rafael Pérez optó por desdoblar la causa para evitar que la maniobra de encubrimiento institucional impida el avance judicial. Pérez formalizó el pedido de juicio oral para Razimoff, mientras solicitó el sobreseimiento de otro colaborador de la senadora, Gonzalo Javier Torrijo Fuertes. Ambas decisiones están ahora en manos del juez de Garantías de Dolores, Diego Olivera Zapiola.
Alconada Mon detalla que el Senado bonaerense no solo ignoró el pedido de desafuero –sin siquiera acusar recibo ni otorgar estado parlamentario–, sino que también rechazó los requerimientos judiciales de información básica. Entre ellos, se negó a brindar el listado de empleados del bloque de Cambiemos, los designados por Delmonte o los asignados a la comisión que ella presidía. Incluso ocultó datos de planillas remitidas, omitiendo firma, sello y nombre del funcionario responsable, según describió el fiscal, lo que evidenciaría una intención deliberada de eludir responsabilidades.
“Estas y otras demoras e irregularidades se encuentran debidamente documentadas”, sostiene el fiscal Pérez en el expediente, en palabras recogidas por Alconada Mon. Para la Fiscalía, esta actitud del Senado entorpeció gravemente la investigación por presunta defraudación al Estado provincial, en perjuicio de personas ya sometidas a proceso.
La acusación contra Delmonte se sustenta en múltiples evidencias, entre ellas, el testimonio de su excuñada y exempleada Tamara Yanina Arce, quien denunció que su cuenta bancaria fue manejada sin su consentimiento. Según la investigación, el homebanking de su cuenta fue operado bajo el nombre “flaviadelmonte2015” desde computadoras del Senado o desde domicilios vinculados a Razimoff. Incluso se intentó gestionar un préstamo de $252.000 a nombre de Arce, aunque no se concretó por demoras derivadas de la pandemia, según precisó el abogado Rodrigo Bonzo.
En diálogo con La Nación, Delmonte se defendió afirmando que la causa tiene motivaciones políticas. “Esta causa penal se armó para afectar mi candidatura. Lo que no logran con los votos, lo intentan con los tribunales”, declaró. También criticó al fiscal Pérez, acusándolo de “atribuciones impropias” y de haber montado un seguimiento ilegal, aunque la investigación de Alconada Mon aclara que la vigilancia autorizada por la Justicia recaía sobre Razimoff, no sobre la senadora.
La Fiscalía sostiene que Arce no fue la única damnificada: al menos otros cinco supuestos empleados de Delmonte habrían sido utilizados en el mismo esquema. Todos ellos fueron citados a indagatoria junto a los principales colaboradores de la legisladora.
Mientras tanto, el reloj avanza. En diciembre, Delmonte perderá sus fueros y la Justicia podrá finalmente indagarla sin necesidad de autorización parlamentaria. Hasta entonces, como señala Hugo Alconada Mon, el boicot institucional del Senado bonaerense continúa impidiendo que una causa de presunta corrupción con impacto millonario llegue a fondo.