En el Boletín Oficial de este lunes se publicó la promulgación de la Ley N° 27.793, que declara la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. En el mismo día, se oficializaron las bajas en retenciones al campo
La norma contempla modificaciones de alcance normativo, institucional y presupuestario en el sistema de protección de las personas con discapacidad.
Sin embargo, el propio decreto firmado por el presidente Javier Milei aclara que la aplicación de la ley quedará supeditada a que el Congreso Nacional determine las partidas presupuestarias necesarias para financiarla. En caso contrario, advierte el texto, la norma “quedará suspendida en su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.
La decisión generó críticas en sectores vinculados a la discapacidad, que consideran que el reconocimiento formal de la emergencia pierde efecto inmediato al quedar atado a la definición del Poder Legislativo sobre la fuente de financiamiento. “Se reconoce el problema, pero no se garantiza la solución”, remarcaron especialistas en políticas sociales.
Lo llamativo es que, el mismo día, el Ejecutivo también oficializó una baja en las retenciones al sector agropecuario, medida que sí tiene aplicación inmediata y que se enmarca en las políticas de alivio fiscal para el campo.
De esta manera, el Gobierno exhibe en simultáneo dos decisiones que exponen prioridades en la gestión: mientras una ley de fuerte impacto social queda en suspenso hasta la asignación de fondos, un beneficio económico para el sector agroexportador avanza sin condicionamientos.
La promulgación de la Ley de Emergencia en Discapacidad se presenta como un paso institucional, pero su implementación dependerá, en los hechos, de la voluntad del Congreso y de la disponibilidad de recursos que el Gobierno decida destinar a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.