La Corte Penal Internacional (CPI ) dictó este jueves órdenes de detención contra el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza al menos desde el 8 de octubre del año pasado.
Los jueces también aprobaron la orden de arresto de Mohammed Deif, un alto cargo de Hamás considerado jefe de su ala militar, aunque Israel ya lo declaró muerto en un ataque israelí lanzado el pasado junio contra la Franja, un fallecimiento que nunca fue confirmado por el grupo islamista, y que tampoco pudo confirmar la Fiscalía del tribunal.
Con esto, la Sala de Cuestiones Preliminares rechazó por unanimidad las impugnaciones presentadas en septiembre por Israel, que negaba la jurisdicción de la CPI sobre la situación en el Estado de Palestina en general, y sobre los ciudadanos israelíes en particular.
El Gobierno israelí también había exigido a los jueces que detuvieran «cualquier procedimiento relacionado con la situación, incluyendo la consideración de las solicitudes de órdenes de arresto», otra petición rechazada por los magistrados.
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«No es necesario que Israel acepte la jurisdicción de la Corte, ya que esta puede ejercer su jurisdicción sobre la base de la jurisdicción territorial de Palestina, como se determinó anteriormente», advirtió la Sala.
Consideró además que los Estados «no pueden impugnar la jurisdicción de la Corte antes de la emisión de una orden de arresto, por lo que la impugnación de Israel es prematura», dijo.
En este sentido, los jueces aprobaron las órdenes de arresto solicitadas el pasado 20 de mayo por el fiscal contra Netanyahu y Gallant como «responsables penalmente como coautores de los crímenes de guerra de uso del hambre como método de guerra y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos».
Además, también se les considera responsables como «superiores civiles por el crimen de guerra de dirigir de forma intencionada ataques contra la población civil» en la Franja de Gaza.
«La Sala concluyó que ambos privaron intencionadamente a la población civil de Gaza de bienes indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua, medicinas, combustible y electricidad, entre octubre de 2023 y mayo de 2024. Este bloqueo tuvo graves consecuencias, incluida la muerte de civiles, incluidos niños, debido a la desnutrición y la deshidratación», añadió la CPI.
En el caso de la organización radical islámica Hamás, Khan había pedido el arresto de los entonces líder de Hamás Yahya Sinwar, el jefe del ala militar, Mohammed Deif, y su buró político, Ismail Haniyeh. La acusación incluye seis crímenes de guerra, como la toma de rehenes y actos de violencia sexual, y cinco de lesa humanidad, incluidos exterminio y asesinatos.
Yoav Gallant.
Sin embargo, y desde que el fiscal solicitó su arresto, Haniyeh murió en un ataque en Teherán en julio y su heredero, Sinwar, corrió el mismo destino en otro de Israel en Gaza el mes pasado, por lo que Khan retiró su solicitud al considerar confirmado su fallecimiento.
Con respecto a Deif, la Fiscalía indicó que continuaría recabando información sobre «su supuesta muerte». «El 15 de noviembre de 2024, la Fiscalía, basándose en información de las autoridades israelíes y palestinas, informó a la Sala de que no puede determinar si Deif ha fallecido o sigue vivo. Por lo tanto, la Sala emite la presente orden de arresto», señalaron los jueces.
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La prensa israelí destaca que, pese las órdenes de arresto, es probable que ninguno de los sospechosos se enfrente a los jueces de La Haya en un futuro próximo.
Y es que Israel no es signatario del CPI, por lo que no tiene jurisdicción sobre su territorio, como han subrayado las autoridades del Estado de mayoría judía en numerosas ocasiones al rechazar cualquier intento de la Justicia Internacional por pronunciarse con respecto a las hostilidades por aire y tierra del Ejército israelí contra la población palestina.
Además, el tribunal en sí no tiene policías para hacer cumplir las órdenes de arresto, y en su lugar depende de la cooperación de sus estados miembros.
La CPI es un tribunal de última instancia que solo procesa casos cuando las autoridades policiales nacionales no pueden o no desean investigar.
En medio de este panorama, el pasado septiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel señaló que había presentado dos escritos legales en los que impugnaba la jurisdicción de la CPI y argumentaba que el tribunal no le dio a su país la «oportunidad» de investigar las acusaciones por sí mismo antes de solicitar las órdenes de arresto.
«Ninguna otra democracia con un sistema legal independiente y respetado como el que existe en Israel ha sido tratada de esta manera perjudicial por el Fiscal», escribió entonces el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Oren Marmorstein, en X.
Y agregó que Israel se mantiene «firme en su compromiso con el estado de derecho y la justicia» y que seguirá protegiendo a sus ciudadanos contra la militancia.
