Los investigadores del ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, imputado en una causa de corrupción institucional, ponen ahora en la mira a la familia del magistrado para determinar si hay hechos ilícitos en su patrimonio. Un juez de garantías le renovó el jueves por seis meses la prisión preventiva a Bailaque, que ya estaba con domiciliaria hace 90 días, pero además ordenó fiscalizar cuentas bancarias e inversiones de su esposa y sus hijos.
El pedido de levantar secretos fiscal, bancario y bursátil de los familiares directos del juez desató un debate exaltado en el pleito durante un pasaje de la audiencia que no fue pública. La defensa rechazó con enojo manifiesto el reclamo de los fiscales que planteaban que en un caso de dádivas y lavado de activos, como el que acababan de imputar, es una medida estándar pedir la inspección del patrimonio del grupo familiar del investigado.
Bailaque presentó su renuncia que el gobierno de Javier Milei le aceptó desde el 1º de julio pasado. Para entonces ya estaba muy comprometido por una investigación penal por hechos de corrupción económica, abuso de poder, prevaricato y extorsión en tres causas penales en Rosario y con pedido de destitución en el Consejo de la Magistratura.
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Este jueves los fiscales solicitaron una nueva imputación por delitos de dádivas y lavado de activos. El juez Eduardo Rodrigues Da Cruz renovó su estado de prisión preventiva por 180 días más. Pero aceptó además un requerimiento singular del fiscal Juan Argibay de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac): levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de la esposa del magistrado y de sus tres hijos.
Los tres hijos de Bailaque trabajan en la Justicia Federal de Rosario, una de ellas en el Tribunal Oral Federal 1 y otro en el fuero civil. Su esposa es asimismo funcionaria judicial. Lo que en la pesquisa fiscal despertó el pedido de análisis patrimonial es, según fuentes judiciales, indicios sobre gastos excesivos en el entorno del juez que en la audiencia no se detallaron y que podrían ir más allá de sus ingresos lícitos que son demostrables. El juez de garantías permitió que se analicen el estado fiscal, bancario y de otros bienes de la familia en el período 2019-2024.
En la audiencia del jueves el fiscal Argibay le amplió la imputación a Bailaque por el cobro de alquileres de un inmueble de su propiedad en Caleta Olivia, en Santa Cruz, donde Bailaque trabajó en la Justicia provincial hace más de veinte años. Lo hacía, según el fiscal, a través de una mutual relacionada al empresario Fernando Whpei. Este es un financista que está también detenido junto a Bailaque acusado de haber orquestado un chantaje contra dos agentes de bolsa para sacarles dinero con el armado de una causa penal que luego de los pagos, según la denuncia del damnificado, quedó paralizada durante años, aunque no cerrada.
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Al detallar la atribución, el fiscal Argibay Molina expuso que Bailaque recibió $5.719.194 en pagos mensuales efectuados por Whpei con la intervención de Siempre Joven Asociación Mutual, desde enero de 2019 hasta enero de 2025, período durante el cual se desempeñó como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N°4 de Rosario.
Según esa hipótesis, la entrega y la recepción del dinero se enmascaró mediante un contrato de locación del inmueble que según aceptó el juez, dijeron a LPO quienes asistieron a la audiencia, aceptó que está subdividida en tres propiedades.
La investigación indica que la mutual Siempre Joven tiene domicilio en Mariano Moreno 5522 de Wilde, provincia de Buenos Aires, y está vinculada tanto a Whpei como con distintas personas jurídicas relacionadas a éste, como Grupo Unión SA, Lancers SA, Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, y Unión Provincial Asociación Mutual.
Los fiscales plantearon que si bien la mutual tenía sedes en Buenos Aires, Chubut, San Juan y Mendoza, no contaba con sucursal en Santa Cruz, y nunca ocupó el inmueble que alquiló. Al poco tiempo de celebrar el contrato de locación, por decisión Whpei, la mutual cedió gratuitamente su uso a la mutual 12 de Septiembre, “cuando la cesión de los derechos emergentes del contrato o sublocación de la propiedad estaba prohibida”, dijo Argibay Molina.
El empresario Fernando Whpei
La mutual 12 de Septiembre utilizó la propiedad hasta mayo de 2023 y desde ese momento quedó desocupada y en estado de abandono. Pero sin perjuicio de ello, Siempre Joven continuó pagando mensualmente por el alquiler hasta enero de 2025. Para la Fiscalía, el alquiler de la propiedad por parte de la mutual Siempre Joven resultó extraño a su objeto, ya que la contratación no tenía una causa real y “funcionó exclusivamente como vehículo para transferir dinero a Bailaque debido a su cargo como juez federal”.
Además, el fiscal detalló los períodos en los cuales el juez recibió depósitos bancarios de Siempre Joven en una cuenta personal del Banco Patagonia: $258.000 en 2019; $348.000 en 2020, $468.000 en 2021, $660.000 en 2022, $924.000 en 2023, $2.600.597 en 2024 y $460.597 en enero de 2025, y en paralelo emitió facturas por $17.000 en 2019, $322.000 en 2020, $468.000 en 2021, $660.000 en 2022, $1.014.000 en 2023, y $2.647.722 en 2024.
Bailaque, de acuerdo a la imputación, incluyó esas entradas en sus declaraciones juradas patrimoniales, tanto ante el fisco como ante el Consejo de la Magistratura, como ingresos lícitos. “Como consecuencia de este proceder, recibió beneficios económicos indebidos por parte de Whpei, motivados exclusivamente por su calidad de juez federal, que fueron confundidos con la actividad comercial de locación, facturados, expuestos en declaraciones juradas patrimoniales y puesto, de ese modo, en circulación en el mercado.
Al hacerlo, dijo el fiscal Argibay, Bailaque incumplió la prohibición de aceptar dádivas de la ley de Etica Pública. Según lo informado por ARCA, Bailaque facturó servicios de alquiler por un total de $5.145.722. Y eso se corresponde con movimientos de facturas y de sus cuentas bancarias.
Le atribuyó al ex magistrado rosarino haber cometido 72 hechos de recepción de dádivas, en concurso real con el delito de lavado de activos de origen delictivo, agravado por haberse cometido con habitualidad, en concurso real entre sí, todo ello en calidad de autor penalmente responsable.
En relación a las medidas cautelares, Diego Iglesias, titular de Procelac, solicitó la prórroga de la prisión preventiva domiciliaria por 90 días del Bailaque y de su contador Gabriel Mizzau. Y si bien ya pesa sobre Bailaque un embargo por 600 millones de pesos, ante las nuevas figuras, requirió ampliar el embargo a los 685 millones de pesos.
Velasco recordó como un elemento preponderante para mantener la prisión preventiva de Bailque las medidas pendientes, la imputación original el peligro procesal. Y que si bien en el marco de la pesquisa se secuestraron 58 elementos electrónicos (celulares, discos externos, computadoras, pen drive, memorias) de los cuales se pudo realizar extracción forense a 40, ello no fue posible sobre el Iphone de Bailaque, el cual podría brindar información valiosa.
En relación al capítulo de lavado de activos, que también roza al Mizzau (imputado y bajo prisión preventiva domiciliaria) el fiscal de la Procuración de Narcotráfico (Procunar), Matías Scilabra, solicitó al juez que a la hora de evaluar la continuidad de la medida cautelar, pondere su rol y vínculo profesional con empresas relacionadas al condenado narcocriminal Esteban Alvarado. De hecho, el contador del magistrado asistía a Alvarado profesionalmente en varias de sus empresas.
El juez Da Cruz rechazó los planteos formulados por su defensa y le prorrogó la prisión preventiva domiciliaria por el plazo de 180 días, con vencimiento el 23 de marzo de 2026, y le amplió el embargo a 685 millones de pesos. Respecto de Mizzau, le extendió la prisión preventiva domiciliaria hasta el 10 de noviembre de 2025.
